La parte demandada en un procedimiento de precario no pudo acreditar que son los verdaderos dueños del inmueble desde hace 40 años, así como tampoco pudieron probar algún antecedente jurídico que los autorizara a la ocupación, pese a ser hermanos de la demandante.

La empresa nacional incumplió los términos de un contrato mercantil internacional, retirando desde la aduana del puerto de Iquique la mercadería que fue enviada por la demandante, sin efectuar posteriormente el pago de los productos, por lo que el tribunal arbitral la condenó a pagar el precio de los productos junto con las multas respectivas por tal incumplimiento y las costas del procedimiento.

La única posibilidad de haber ordenado la detención judicial conforme al artículo 127 inciso cuarto del Código Procesal Penal, es que la resolución le hubiere sido notificada por correo electrónico, lo que no ocurrió, refiere el voto en contra.

El Consejo multó con 30 UTM a la emisora por omitir la advertencia de inicio del horario de protección al menor, decisión adoptada sin abrir un término probatorio para que el Canal pudiera acreditar sus descargos, acto que infringió el debido proceso reconocido en el artículo 19 Nº3 de la Constitución, y en el artículo 35 de la Ley Nº19.880.

La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo.

Por el frente de mal tiempo se produjo un deslizamiento de basura hacia casas cercanas y que contaminaron el estero “El Mosco”’.

Todo trato o contratación directa, cualquiera fuese su cuantía, deberá acreditar su justificación, fundamentos y, en todos los casos, ser sometido al trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, la que dispondrá de 10 días para emitir pronunciamiento.

No resulta procedente negar la calidad de apoderado sin que exista motivo plausible para ello, mediante una resolución fundada que lo justifique.

La iniciativa propone cambiar el criterio de determinación de áreas de protección de las fuentes de agua, especialmente de las destinadas a consumo humano.

La reclamante denunció que la elección se convocó y realizó con un plazo de anticipación inferior al exigido en los estatutos.