En la sentencia la magistrada acogió parcialmente la acción indemnizatoria al considerar que el supermercado incumplió el deber de seguridad que evitara el robo y que la empresa demandante no retiró oportunamente los equipos, pese a que fue notificado del riesgo existente.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la recurrida que derivó en la aplicación de un descuento del 30% de los sueldos de los trabajadores.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
La acción de protección no es de carácter popular y tampoco se mencionan hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales previstas en el artículo 20 de la Constitución.
Una cláusula del testamento otorgaba un inmueble en Las Condes como legado si la asignataria cumplía dentro del plazo de 30 días con la condición de donar a la heredera sus derechos en un predio ubicado en El Tabo, hecho que se perfeccionó con el tramite de la insinuación, momento en que comienza a computarse el plazo dispuesto por el causante.
El recurrente alegó haber sido contratado en calidad de “experto”, lo que descartaba la calificación de exclusiva confianza, dado que debe ser interpretado su puesto como un cargo estrictamente técnico.
En este caso el acreedor se encuentra en posesión de un título ejecutivo perfecto, por lo que no es necesario el trámite de protesto.
El demandado no rindió ninguna prueba que acredite la veracidad de sus afirmaciones. Profirió dichos injuriosos en contra de la actora, insertó su imagen en los registros audiovisuales e incluso la involucró en una supuesta trama de encubrimiento a políticos pederastas.
El Código Tributario, que regula dicho procedimiento de cobro, no contempla reglas especiales que regulen el incidente de abandono del procedimiento, por lo que, conforme al artículo 2° de ese cuerpo legal, resultan aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil.
El ejecutante argumentó que el plazo de prescripción de la acción cambiaria se encontraba interrumpido con ocasión de la crisis sanitaria, no obstante, la demanda fue interpuesta antes del 20 de marzo de 2020, por ende, la acción de cobro prescribió.
