La actividad se llevará a cabo en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El Tribunal de alzada rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por el INE y ratificó que la información solicitada no está sujeta a secreto o reserva.
El Tribunal de alzada rechazó la acción judicial por no ser el recurso de protección la vía idónea para resolver sobre el mérito de un sumario administrativo.
El órgano contralor señaló que la DOM debe emitir el certificado aplicando las normas del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en base al plano modificatorio.
En este artículo se hace un repaso de los criterios que admiten o niegan la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La decisión fue acordada con el salvamiento de voto del Magistrado Linares.
La solicitud de fiscalización presentada ante la Inspección del Trabajo y el posterior despido, permiten concluir la existencia de indicios suficientes de la vulneración de la garantía de indemnidad.
En tanto no correspondan a materias específicas o casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por aquella o por el organismo público en el que se desempeña.
La recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales del debido proceso y su derecho de propiedad.
Cabe recordar que el TSJ de Madrid había avalado lo realizado por Hacienda de la Comunidad madrileña, girando esos costes al Ministerio del Interior.
