Juzgado de Letras de Alto Hospicio rechazó excepción de finiquito y acogió demanda de despido injustificado.
El actor prestaba servicios de manera ininterrumpida desde el año 2017 para la demandada en virtud de múltiples contratos de trabajo.
El actor prestaba servicios de manera ininterrumpida desde el año 2017 para la demandada en virtud de múltiples contratos de trabajo.
Esto, a propósito de consulta efectuada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que el sistema de información del ente acusador desconocía el régimen de protección de datos personales, específicamente, el principio de veracidad, según el cual la información recopilada debe ser completa, exacta y compresible.
“Clonazepam” es un medicamento que se somete a los controles de la autoridad sanitaria, por lo que la normativa no exige que se realice un examen de determinación de su pureza o de su concentración de sustancia al ser incautado.
Obliga a las plantas de revisión técnica a instalar un sello inalterable en el tubo de escape de los vehículos de combustión interna, que certifique si cumplen la normativa de emisión de ruido.
Los demandantes arguyen que no cabe duda alguna que en el sector donde se emplaza el proyecto, esto es, un banco de machas, ha generado un impacto ambiental y daños al medio ambiente especialmente a los recursos bentónicos del lugar, producto de la instalación del cable FOS 5G.
El máximo Tribunal estableció que no existe infracción de ley en la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que acogió la demanda y reguló la indemnización en 5 UF por hectárea de terreno afectado por cada año que se extienda la servidumbre.
El Tribunal de alzada rechazó la acción constitucional, tras establecer que la normativa impugnada, no constituye una actuación arbitraria que merezca ser corregida por la vía proteccional.
El Tribunal de alzada estableció que a la época de los hechos denunciados se encontraba vigente la norma que fijaba la prescripción de este tipo de acciones en seis meses y no en 2 años, como la actual.
Los actos de la acusada provocaron cambios negativos en el comportamiento de los menores que demuestran que han sido sujetos pasivos de abusos sexuales.