No basta con la mera referencia a las licencias médicas y sus plazos, porque una decisión de tal entidad debe cumplir con la exigencia de debida fundamentación
Entiende que excluirlos de los servicios mínimos de funcionamiento de un centro de salud provoca múltiples dificultades de atención a los usuarios.
No fue dictada para dar curso progresivo al juicio.
El contrato de trabajo prescinde de las formas frente a la evidencia incontrastable de los hechos, por lo que ninguna relevancia tienen las manifestaciones que pudieren haber realizados las partes de buena o mala fe para calificar su relación.
En la causa no consta ningún antecedente sobre la calidad funcionaria de los recurrentes, lo que impide establecer si existe algún derecho que los habilite a postular a un concurso interno que obligue a dejar sin efecto el acto impugnado.
Le ordenó, además, a la empresa cesar los impedimentos de acceso a la Comunidad Indígena Cebollar Ascotán al salar, permitiendo su circulación sin limitación alguna por el sector.
La instancia acordó revisar junto con el Ejecutivo y, esta misma tarde, la incorporación de indicaciones que apuntan a «dejar lo más claro y nítido el beneficio».
La norma obligaba a los empresarios de negocios con más de 100 empleados a exigir a sus trabajadores que se vacunaran contra el COVID-19 o bien que presentaran semanalmente, y de un modo obligatorio, pruebas negativas que debían pagar de sus propios bolsillos.
El Tribunal Constitucional, actuando de oficio, declaró inconstitucionales las normas que así lo establecían. Antes se habían declarado inaplicables por vulnerar la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.
Solamente los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos de la causa que resultan inamovibles de revisión por la vía de la nulidad, salvo que se haya denunciado de modo eficaz la vulneración de las leyes reguladoras de la prueba.
