Se sostiene que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1547 del Código Civil correspondía al demandado acreditar el cumplimiento de la obligación de pagar la deuda del Banco de Chile, lo que no aconteció pese a habérsele ofrecido la oportunidad legal para ello.
La requirente alega que la normativa infringe los principios de proporcionalidad y tipicidad al permitir al Consejo cuantificar multas a su mero arbitrio.
Los actores reclamaron la rebaja ostensible la suma de dinero que le correspondía a la causante en su calidad de asistente de la educación.
Los hechos denunciados no comprometen la libertad personal y la seguridad individual de los recurrentes, requisitos de orden constitucional y legal, que protegen el derecho a la libertad personal frente los abusos de poder y de las arbitrariedades.
Dada la falta de emplazamiento alegada, la exclusión de la apelación no resulta conciliable con las exigencias de racionalidad y justicia que la Constitución exige en la configuración de los procedimientos.
La doble conformidad es la facultad que tienen las personas de impugnar la primera sentencia condenatoria en material penal.
El SII ha aplicado un avalúo fiscal desproporcionado, arbitrario y no ajustado a la realidad, al haber contemplado factores no previstos en la Ley N° 17.235, sobre impuesto territorial.
Los caudales provenientes de la FIDAE no constituyen fondos internos de la FACH, sino que son recursos públicos que, por aplicación de lo dispuesto en el D.L. N° 1.263 sobre Administración Financiera del Estado, deben incorporarse al presupuesto del sector público.
La requirente alega que la frase “de forma absoluta” contenida en el artículo 9 de la Ley 21.226 infringe el debido proceso, el derecho a defensa y la igualdad ante la ley.
El pasado 02 de diciembre, Sergio Baerswyl, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), presentó ante los convencionales de la comisión Derechos Fundamentales N°14, propuestas para establecer una Vivienda y Ciudad Sostenible en la nueva constitución.
