La requirente sostiene que la norma impugnada restringe su garantía constitucional a un debido proceso.
Las ilegalidades del procedimiento afectan el derecho a la igualdad de trato que consagra el artículo 19 N° 2 de la Constitución, en la medida que el recurrente fue sometido a un procedimiento disciplinario que no se sujetó a la regulación naturalmente aplicable.
A los tribunales no les corresponde inmiscuirse en la determinación de políticas públicas sanitarias, informó FONASA.
El Estado no puede ser indiferente y debe encontrar los mecanismos y gestionar los recursos para que los menores cuenten con soluciones de transporte que les permitan desplazarse, de forma segura, hasta las instituciones educativas. En esa dirección, las complejidades presupuestales, si bien son un factor de necesaria atención, de ninguna manera pueden ser una excusa para que las autoridades evadan su obligación.
El requirente estima que la norma cuestionada atenta contra el debido proceso, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.
La Corte de Santiago resolvió que la querella de capitulo no tiene asidero, ya que dicho procedimiento está concebido para proteger la función ministerial cuando se intenta hacer efectiva la responsabilidad de quien ostenta la calidad de juez, fiscal judicial o fiscal del ministerio público y no de quienes, en el pasado, hayan servido algunos de esos cargos.
Si no se probó que el imputado -también con discapacidad intelectual-conocía de la discapacidad cognitiva de la víctima, no hay dolo, por lo que no se cometió delito alguno, refiere el voto en contra.
Esta facultad se mantiene aun cuando los beneficiarios de la Beca la mantengan documentada por medio de un pagaré y no hayan reemplazado dicha obligación por un convenio.
La diligencia realizada por Carabineros excede el marco legal de sus facultades en materia de actuaciones investigativas autónomas y revela el incumplimiento de su deber de comunicar a la Fiscalía los antecedentes que recabe en las indagaciones para así obtener instrucciones que pudieran justificar una solicitud al Tribunal de Garantía correspondiente.
La mujer fue condenada a 9 meses de prisión por incriminar a su marido.
