El requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso y el derecho al recurso, desde que le impide recurrir ante un tribunal superior para la revisión de una resolución, dejando a la demandada sin la posibilidad de contradecir lo planteado en la demanda y defenderse.

El máximo Tribunal estimó que el castigo no puede ser aumentado en base a una agravante fundada en condenas prescritas, porque ello implica infringir los artículos 97 y 98 del Código Penal, por lo que redujo pena del recurrente a 541 días de presidio menor en su grado medio.

El artículo 104 del Código Penal impide el uso de una sentencia previa -cuya pena haya prescrito- para exasperar una pena accesoria; por lo tanto, el máximo Tribunal redujo el plazo de suspensión de la licencia de conducir del condenado a dos años.

Se le acusa de suscribir contratos irregulares y de retener beneficios a los trabajadores de su empresa. Además, habría incumplido su obligación de constituir un fondo de bienestar para sus trabajadores.

La magistratura declaró como laboral la relación entre una asistente social y la Municipalidad de Chillán, pero desestimó que el municipio deba hacerse cargo de la deuda previsional de la actora -salvo las cuotas del seguro de cesantía-, porque durante toda la vigencia del pacto, la propia demandante asumió el pago de sus cotizaciones mediante cláusula expresa en los contratos celebrados con el demandado.

Es preciso tener en cuenta que la racionalidad y justicia que el constituyente ha determinado como deseables de todo procedimiento, en el inciso sexto del numeral tercero del artículo 19 de la Carta Fundamental, incluyen la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

Solicita que se declare que Israel “ha violado y continúa violando sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio” y que ordene el cese de las hostilidades en Gaza que podrían constituir violaciones de la convención, que ofrezca reparaciones y que reconstruya la ciudad.

Si bien la municipalidad se encuentra facultada para gestionar el personal de su dependencia, debe igualmente motivar sus actuaciones en los términos que la nutrida jurisprudencia de la Contraloría General y diversas sentencias de la Corte Suprema han establecido.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la libertad personal y seguridad individual, el derecho a un procedimiento racional y justo, el derecho a defensa y el debido proceso, desde que a pesar de estar en prisión preventiva se le impide conocer los antecedentes de la causa, por cuanto no se puede acceder ni a la carpeta investigativa ni a la oficina virtual del Poder Judicial.

A propuesta de Emiratos Árabes Unidos, el Consejo de Seguridad sigue negociando una resolución que solicita la suspensión urgente de las hostilidades a fin de permitir el acceso humanitario seguro y sin trabas. Dicho proyecto, el cual será sometido a votación, insta a que se facilite el uso de todas las rutas terrestres, marítimas y áreas hacia la Franja, lo cual supone que se abra el paso fronterizo de Karem Shalom para la prestación de asistencia.