La Corte Suprema señaló, es evidente que la sentencia censurada satisface el requisito cuya falta se alegó. Cuestión distinta es que el recurrente considere que los argumentos entregados por los falladores son errados.
El recurrente estimó vulneradas las garantías del artículo 19 numerales 1, 2, 9 y 24 de la Constitución Política de la República.
La Corte de Santiago indicó en su sentencia que, es indudable que el actor ha sido víctima no sólo de un delito, sino de un actuar arbitrario por parte de la autoridad tributaria y posteriormente, del Servicio de Tesorería.
La Corte Suprema acogió el recurso de protección, sólo en cuanto se dispuso la suspensión de los efectos de los Permisos de Obra Nueva, hasta que se resuelvan a través de un acto administrativo que tenga el carácter de firme.
Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén, Magallanes y de la Antártica Chilena y las provincias de Chiloé y Palena serían beneficiados con esta iniciativa.
Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que se constató probatoriamente que, efectivamente en las decisiones de la Corte Suprema, se omitió el hecho de que la compañera permanente, convivió entre 1 de abril de 1992 y el 1 de enero de 1995.
El objetivo principal del proyecto ingresado es prohibir las llamadas cuando se haya decretado estado de excepción constitucional.
La recurrente estimó vulnerada la garantía del artículo 19 numeral 1 de la Constitución Política de la República.
El objetivo principal del proyecto ingresado es proteger a los consumidores.
El objetivo principal del proyecto ingresado es proteger el ingreso de los trabajadores en casos excepcionales.
