El Tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Antofagasta, solo en cuanto al rechazo de la demanda interpuesta por los padres, y en su lugar se declara que el demandado queda condenado a pagar a cada uno de ellos la suma de $10.000.000 por concepto de daño moral. 

El Tribunal de alzada confirmó, con declaración, la sentencia impugnada.

El máximo Tribunal consideró que el servicio es responsable por el incumplimiento del centro asistencial de su deber de control.

La moción busca resguardar la salud de las mujeres trabajadoras embarazadas, en caso de declararse un estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, o una alerta sanitaria, con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa.

Puede ser interpretada de forma muy amplia al no señalar a qué tipo de indemnizaciones se refiere.

El recurrido sostuvo que los descuentos se basaron en lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley N°18.834, siendo innecesario un procedimiento disciplinario.

Corresponde resarcir a los demandantes del daño causado con la muerte de la víctima, por cuanto fue consecuencia del actuar negligente del conductor.

La judicatura no cuenta con los debidos conocimientos para determinar el momento en que debe darse la correspondiente alta médica.

Requirente estima que los preceptos impugnados vulneran las garantías de igualdad ante la ley, el debido proceso y su derecho de propiedad.

No existen vicios en el procedimiento de descarga de estos datos por Fiscalía, pues el denunciante facilitó esas comunicaciones y los funcionarios dejaron una detallada constancia del mismo.