TOP de Santiago inhabilita a perpetuidad a notaria suplente para ejercer cargo titular.
Para el Tribunal los hechos acreditados son constitutivos del delito de uso malicioso de instrumento público falso.
Para el Tribunal los hechos acreditados son constitutivos del delito de uso malicioso de instrumento público falso.
El Tribunal de alzada acogió la demanda deducida por infracción a la lex artis.
El máximo Tribunal revocó la resolución que rechazó la acción reivindicatoria deducida, dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, tras establecer que la sentencia impugnada se adoptó con error de derecho.
El máximo Tribunal estableció en sentencia de reemplazo, que los funcionarios del Ministerio Público que ejercen cargos que no son de exclusiva confianza, se les aplica el Código del Trabajo al poner términos a sus relaciones laborales respecto de las ritualidades de la desvinculación.
El Tribunal confirmó la sanción que deberá pagar la empresa de aplicación de plaguicidas domésticos, por diversas infracciones a la normativa sanitaria.
El Tribunal rechazó recurso de casación y deducido en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que estableció la responsabilidad de la empresa en el deceso del trabajador.
El máximo Tribunal elaboró texto fundido del auto acordado para la aplicación en el Poder Judicial de la Ley N° 20.866, norma que establece la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales.
La ministra Cifuentes condenó a los oficiales en retiro Héctor Fernando Osses Yáñez y Aquiles Bustamante Oliva a las penas de 4 años y 17 años de presidio, en calidad de autores de los delitos de secuestro simple y homicidio calificado, respectivamente.
La Corte IDH concluyó que el estado vulneró el principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana, así como los artículos 4.1 y 4.2 de la Convención Americana (derecho a la vida).
La iniciativa define lo que se entenderá por humedales y fija un marco legal para su cuidado. Además, establece la obligación para el Ministerio de Medioambiente de redactar un reglamento que defina los criterios mínimos para su sustentabilidad.