«Alterar el orden público”, debe entenderse como una conducta activa realizada por un diputado o senador, de palabra o por escrito a través de cualquier soporte o medio, y dirigida a terceros para que se produzca, por éstos, una perturbación en el orden público a partir del acto incitador del parlamentario, lo que debe expresarse en una alteración grave que afecta el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.

El máximo Tribunal rechazó el arbitrio especial debido a que la materia o que solicitada unificar no es susceptible de ser uniformada.

El máximo Tribunal decretó, además, la suspensión del procedimiento y de la medida cautelar de prisión preventiva del amparado.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de amparo, seguido ante la Corte de Valdivia.

La causa se inició tras el homicidio de una mujer transexual por parte de la policía.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Esto, a propósito de reclamo de particular sobre la Sección de Mediciones Psicométricas de Carabineros de Chile (SEMEP), por su negativa a renovarle la credencial que la habilitaba para desempeñarse como instructora de conducción en una escuela de conductores, fundada en la circunstancia de tener una anotación en su hoja de vida de conductor.

Originalmente fueron 22 imputados, dos de ellos, fueron condenados a penas remitidas y puestos en libertad. Los otros 20, fueron condenados a penas de prisión que iban desde 20 años hasta cadena perpetua; es éstos, uno huyó a Espala y fue condenado en ausencia.

El CDE señala que las fiscalizaciones de las autoridades ambientales y sectoriales permitieron establecer que la demandada no mantuvo las condiciones de seguridad apropiada en el Centro de Engorda de Salmones.

La petición señala lesiones “graves e irreparables” a los preceptos fundamentales, resultantes de actos comisorios y omisivos del Estado Federal y de los organismos públicos federales que impiden la ejecución de las medidas previstas en esa política.