Las demandadas sostuvieron que las medidas cautelares no se justificarían, y que en su demanda el Consejo de Defensa del Estado (CDE) estaría discriminando a ambas empresas, persiguiéndolas por un fenómeno de subdivisión predial que se presenta a nivel nacional.
La propuesta que se analiza contempla modificaciones legales para abordar la violencia hacia la mujer principalmente en relación a los siguientes ámbitos: plazo de prescripción de estos delitos, creación de un nuevo tipo de penal de incitación al suicidio, ampliar la atención que brinda la División de Atención a las Víctimas y Testigos del Ministerio Público, y establecer distintas medidas para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de los delitos más graves que impliquen violencia hacia la mujer.
Esta nueva disposición permitirá que todas las sentencias que, hasta ahora, no podían ser consultadas en ninguna de las plataformas del Poder Judicial por terceros ajenos al proceso, sean públicas y con acceso a la ciudadanía, lo que genera un cambio radical en análisis de temáticas trascendentes, como los fallos en materia de familia.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de las recurridas al denegar el tratamiento demandado y poner en riego el derecho a la vida, a la integridad física y síquica de la recurrente, garantizado constitucionalmente.
El requirente, liquidador en el procedimiento concursal, estima que tal distinción es arbitraria y contraria a la garantía de igualdad ante la ley.
Pese a que el riesgo vital asociado a dicha enfermedad es permanente, la presencia de síntomas extraordinarios permite concluir un agravamiento de la situación de la actora, la que la hace requerir de ayuda especializada.
Los recurridos, a sabiendas de los túneles y del carácter de sitios protegidos que pudiesen detentar, siguen con la demolición, haciendo caso omiso a advertencias e impiden se investigue el sitio.
La pretensión excede el ámbito del recurso de amparo y existen otros remedios procesales a fin de asegurar sus derechos.
El requirente alega que la restricción recursiva no tiene fundamento racional y vulnera el debido proceso.
El máximo Tribunal ordenó a la recurrida reincorporar al funcionario y pagarle las remuneraciones devengadas desde su separación hasta su efectiva reincorporación.
