El Tribunal dio lugar a la demanda y ordenó al Estado de Chile pagar $9.000.000 por concepto de daño moral, al demandante.
El Tribunal estableció la responsabilidad de la Sociedad Educativa San Ignacio y Cía. Ltda. al no implementar medidas tendientes a prevenir, detectar, reprimir y reparar el maltrato escolar.
El máximo Tribunal ordenó dar curso a la apelación deducida, tras establecer que la disposición que establece que la Corte Marcial resuelve en única instancia los recursos de amparo presentados ante la jurisdicción castrense, atenta contra el debido proceso y los tratados internacionales suscritos por Chile.
Su ejecución se atrasó por diversas razones, entre ellas un fallo de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. de 2016 en el que declaró «inconstitucional» la forma de decidir la pena de muerte en este estado.
Las solicitudes de acceso a la información alcanzan cerca de 477 mil entre 2009 y 2018. 333 entidades públicas han sido sumariadas en igual período.
Data de la época más remota del Imperio Romano, aunque su origen más moderno se halla en la Carta Magna británica de 1215.
La instancia también recibió a la recién asumida ministra de la cartera, Marcela Cubillos. Asimismo, se estudió la capitalización de TVN.
La sentencia sostiene que la prueba analizada permite descartar que el diagnóstico de neuropatía ciático poplíteo externo izquierda dolorosa, con la que resultó la actora con ocasión de la anestesia que se le proporcionara para la intervención quirúrgica haya tenido su origen en un accidente o malformación.
El Tribunal ordena a CGE Distribución S.A reembolsar al Fisco la suma de $97.423, más intereses y reajustes, por el traslado de cables eléctricos por ampliación de la ruta al aeropuerto Carriel Sur de Concepción.
El Tribunal de alzada descartó que la información solicitada contenga datos reservados.
