El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo presentado por la empresa eléctrica en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
El máximo Tribunal mantuvo la indemnización fijada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso por un total de $240.000.000 por daño moral, a los padres y abuelos del niño.
La sentencia no se hace cargo de las objeciones planteadas por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) que se hizo parte mediante un «téngase presente» en el trámite obligatorio de control de constitucionalidad y solicitó a la Magistratura Constitucional que se declarara la inconstitucionalidad de algunas normas del Proyecto de ley.
El objetivo principal del proyecto ingresado es sancionar a quienes participen en aglomeraciones violentas.
Esto, a propósito de solicitud de una ciudadana de nacionalidad hondureña, sobre el procedimiento para obtener la permanencia definitiva, invocando su condición de exfuncionaria diplomática.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La Corte Suprema señaló que, la sentencia recurrida incurrió en un yerro jurídico que, de manera evidente, influyó sustancialmente en la decisión del asunto controvertido.
La Corte Suprema señaló que, la Corte de Apelaciones de Coyhaique incurrió en el vicio de casación formal estatuido en el artículo 768 Nº 2 del Código de Procedimiento Civil.
La sentencia de la Corte Suprema, fue acordada con el voto en contra del abogado integrante Pedro Pierry.
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