La Magistratura española concluyó que las resoluciones impugnadas no han vulnerado el derecho a la libertad personal (art. 17 CE) porque han superado el examen de constitucionalidad basado en unos hechos presuntamente constitutivos de delitos graves y un riesgo de reiteración delictiva, que daría lugar a perjuicios singularmente graves.

El ente contralor expresó que el funcionario pudo ejercer su derecho a defensa y se respetó el debido proceso.

Se evidenció que el recurso de agravio no está referido a una cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional.

El pleno ejercicio y respeto de los derechos del niño, en el presente caso, se ha visto afectado por la exposición pública de sus condiciones personales de vida y de aspectos de su situación familiar.

El objetivo principal del proyecto ingresado es incorporar la salud cultural a la Carta Magna.

El ente contralor indicó que únicamente se exceptúa del pago de derechos por el permiso respectivo aquella publicidad que solo dé a conocer el giro del establecimiento de que se trate.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 21 y 24 de la Constitución.

La Corte Suprema señaló que, el actuar de la autoridad recurrida, constituyó un acto ilegal y arbitrario.

El Tribunal Supremo ibérico consideró que la existencia de cámaras de videovigilancia instaladas en el entorno seguro de comercios o establecimientos que den a la vía pública y capten imágenes de un hecho que es delito ?como ocurrió en este caso- no suponen una vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen, en contra de lo que alegó el recurrente en su recurso.