La gestión pendiente invocada recae en autos criminales sobre “delito de obstrucción a la justicia por ocultación de evidencia”, bautizada como “caso de los españoles” .
De los antecedentes presentados, el CPLT advirtió que el requerimiento formulado no dice relación con el amparo al derecho de acceso a la información.
El ente de control precisó que el régimen estatutario, de remuneraciones y beneficios de los empleados del Poder Judicial, es materia cuyo conocimiento y resolución es de competencia exclusiva de la Excelentísima Corte Suprema.
La moción de los diputados Hoffmann, Kort, Macaya, Melero, Molina, Morales, Rosales, Silva, Squella y Vilches expone que la abstención por parte de la ciudadanía para denunciar la comisión de delitos, se debe al temor de confrontar tal situación.
LyD informó que “si bien, es necesario esperar la publicación de la sentencia, antes de exponer una opinión fundada con respecto a los argumentos de la decisión adoptada por el TC, el anuncio de la votación mayoritaria resulta preocupante”.
El caso tiene su origen en la demanda presentada por dos vecinos de la ciudad de Greece.
En fallo unánime, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la decisión del Primer Juzgado de Letras de Talagante.
Se dedujo amparo de acceso a la información en contra de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, fundado en la falta de respuesta a un informe.
Se dedujo recurso de casación en el fondo, por la parte reclamante, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán.
La gestión pendiente invocada incide en autos sobre indemnización de perjuicios, de que conoce el Segundo Juzgado Civil de Rancagua.
