El recurrente fundó su libelo indicando que el organismo recurrido se ha negado a dictar el decreto correspondiente, que permite la ejecución de lo resuelto por la Comisión de Reducción de Condena.
La moción, presentada por los diputados Schilling, Saffirio, Núñez, Espinosa, Andrade, Gutiérrez, Vallejo, Núñez y Aguiló, propone en lo esencial derogar la ley antiterrorista.
Se dedujo acción de protección en contra de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., por parte de Enap Refinerías S.A., con motivo de los actos ilegales y arbitrarios -que en su concepto- ha incurrido a través de su Centro de Arbitraje y Mediación.
La Corte Constitucional de Colombia declaró la constitucionalidad de los artículos 1 (parcial), 2, 3 (parcial), 4 (parcial), 5 (parcial), 7 y 8 (parcial) de la Ley 1465 del 29 de junio de 2011 “por la cual se crea el sistema nacional de migraciones y se expiden normas para la protección de los colombianos en el exterior”.
El recurrente estimó vulnerados los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en su numeral 2, 3 inciso quinto y sexto, 4 y 24.
La gestión pendiente invocada incide en un proceso de protección en contra de un municipio, por la decisión de ordenar el pago de patente municipal a una empresa de servicios publicitarios, sustanciado ante la Corte de Apelaciones de Concepción.
Aduce el fallo “que el hecho de encontrarse el expediente administrativo en sede judicial, en este caso tramitándose bajo el Rol 27.796 del Juzgado de Letras de Ancud no es óbice para la dictación de la resolución recurrida».
El recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales establecidas en los números 1,2 y 9 del artículo 19 de la Carta Fundamental.
La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de protección, mas la Corte Suprema, en alzada, revocó dicha decisión.
El órgano contralor sostiene que la afectada no estaba obligada a renunciar a su primer nombramiento a contrata, puesto que se configuró una inhabilidad sobreviniente, sin embargo, su designación posterior como titular debe dejarse sin efecto.
