«quienes estuvieron por no admitir a tramitación el requerimiento por estimar que no se ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado por resolución de fecha 6 de diciembre pasado, al no haberse acompañado todos los antecedentes requeridos y ofrecidos por los requirentes. La sujeción a dicha resolución, arguyen, debe ser estricta, porque no lo hicieron con ocasión de la presentación del requerimiento».

“el principio de probidad administrativa constituye un principio rector que inspira el funcionamiento de los órganos del Estado, en aras del bien común”.

“la preponderancia de la ciencia en la toma de decisiones, el fortalecimiento de la investigación y de la fiscalización, la regulación de la pesca artesanal de mayor escala y la protección de los ecosistemas marinos vulnerables, entre otros”.

«quienes estuvieron por declarar inadmisible el presente requerimiento, toda vez que en el mismo se plantea una cuestión de mera legalidad, consistente en determinar si las conductas de la actora se encuadran o no en los ilícitos contenidos en el artículo 39 de la Ley General de Bancos, asunto que es de competencia privativa del juez de fondo. En consecuencia, la acción deducida carece de fundamento plausible, concurriendo a su respecto la causal de inadmisibilidad contemplada en el N° 6° del artículo 84 de la LOCTC».

la aplicación de la preceptiva impugnada vulnera su garantía de la igualdad ante la ley, su derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el contenido esencial de sus derechos fundamentales.

que de aplicarse la preceptiva impugnada se vulnera el artículo 5° de la Carta Fundamental, además de sus derechos a un racional y justo procedimiento.

el grave problema que afecta algunas casas de estudio y al no poder ser solucionado por la entidad acreditadora, “debe ser derivado a los organismos reguladores de las relaciones de consumo”, pero a juicio de los autores del proyecto de ley y por tratarse de un “derecho básico de primera importancia”, este problema debe ser asumido por el Estado.

«vulnerarían sus garantías constitucionales, en particular, su derecho al debido proceso, referido a los principios que deben informar a todo procedimiento racional y justo, toda vez que tales disposiciones establecen brevísimos plazos -en una sola audiencia- para acompañar antecedentes probatorios».

“los antecedentes tenidos a la vista, constata que durante el transcurso de la investigación nunca se puso en duda que el suceso ocurrió el 25 de marzo de 2.012. En verdad, no se divisa de qué manera pudiera haberse producido una confusión, por la mera circunstancia de un error de referencia como el que da pábulo a la cautela. Los protagonistas del accidente y el contexto en que se lo sitúa, exhiben coherencia y concordancia en cuanto a todos sus referentes, incluso la fecha”.

la acción de inaplicabilidad deducida se encuentra razonablemente fundada