La ocupante utilizaba la sede como bodega de su local comercial ubicado a continuación de dicho inmueble, restringiendo el ingreso de las madres e impidiendo el normal desarrollo de las actividades organizadas por la agrupación.

No concurre ninguna circunstancia excepcional transitoria que justificara la demora. El retraso neto de unos 35 meses es un retraso irrazonable contrario a la Carta. El juez de primera instancia se equivocó al concluir que la demora estaba justificada sobre la base de la confianza razonable de las partes en la ley tal como existía anteriormente.

Si una prueba es débil, el grado de confirmación (o probabilidad) que atribuye a la hipótesis, no puede estimarse alto, por más fundada que esté la regla que conecta la prueba con la hipótesis.

Si bien los comerciantes del Estado vendieron los respiradores, quizás de manera negligente o imprudente, los demandantes no han ofrecido ninguna razón para pensar que la responsabilidad de los comerciantes es algo más que un derivado de la responsabilidad de las empresas.

Busca reconocer el agua como un derecho humano fundamental y el dominio absoluto del Estado sobre las aguas continentales, a fin de protegerla y asegurar a todas las personas su acceso en cantidad suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

Cada municipalidad, a través del secretario municipal respectivo, adoptará las medidas necesarias, incluida la designación del personal municipal habilitado como ministros de fe, para la implementación de los dispositivos administrativos necesarios para cumplir satisfactoriamente esta labor.

El acusado y otros detenidos formaban parte de una agrupación dedicada al tráfico de estupefacientes, y pese a no ser incluido inicialmente en la acusación, el Ministerio Público enmendó dicho error, lo cual no infringe las garantías procesales del acusado, ya que su defensa en todo momento tuvo acceso a la investigación para preparar el juicio oral.

El Estado ha dado cumplimiento total al pago de las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de “daño moral, daño inmaterial y lucro cesante”, así como al reintegro de gastos a favor de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Al ser controvertida la existencia de la deuda, dicho asunto debe ser discutido o exigido en la instancia judicial correspondiente mediante la interposición de las acciones judiciales respectivas, resultando ilegítimo utilizar cualquier medio de presión para obtener el pago, como sería la no entrega del título profesional de Doctora en Derecho.

Los congresistas expresaron sus dudas de que sea Codelco la empresa que deba negociar con las interesadas en invertir en el salar de Atacama y hoy intermediar con SQM y Albemarle.