Para el máximo tribunal del país, la mantención de un sistema dual de conocimiento de la violencia de género, especialmente en el ámbito doméstico, continuará generando desafíos para el sistema pues existen riesgos ciertos para la seguridad y para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas, al no otorgarse un tratamiento integral en alguna sede (reconociendo que dicho tratamiento integral podría no ser posible de justificar en sede judicial en términos de número de ingresos y los recursos necesarios para atenderlos).

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia de primer grado que aplicó la sanción.

El requerimiento de inaplicabilidad fue rechazado con empate de votos. El voto de la Presidenta no dirime el empate en estos casos.

Funcionario nombrado por la Alta Administración Pública acompañó para el cotejo fallos en que los trabajadores beneficiados con la indemnización por lucro cesante no revestían su misma calidad, por lo que la sentencia impugnada no es homologable.

Las solicitudes y actuaciones del actor no interrumpieron el plazo del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, debido a que tales diligencias no tienen el mérito de dar curso progresivo a los autos.

A pesar de no tratarse de datos de carácter sensible, el ordenamiento jurídico protege los derechos de los fallecidos –prolongación de su personalidad-, de la cual sus familiares son titulares activados en virtud del derecho de honra, privacidad e intimidad.

El registro obligatorio es demasiado amplio ya que incluye a infractores con poca probabilidad de reincidencia. No guarda relación con el propósito de recopilar información sobre los delincuentes para ayudar a la policía a prevenir e investigar los delitos sexuales.

Sobre eventuales infracciones a la Ley de Propiedad, el Contralor señala que no tiene competencia para pronunciarse sobre estas y que son los tribunales de justicia los que deben determinar las responsabilidades en aquella materia.

El CPLT había negado la aplicación de la Ley N° 20.285 a dicha corporación por tratarse de una institución de carácter privado, sin embargo, luego reconsideró tal decisión y declaró aplicable la ley, por cuanto la entidad desarrolla una función pública con fondos de igual naturaleza.

El juez excluyó el relato de un testigo de oídas que resultaba incriminatorio para el recurrente, por lo que dicho testimonio no afectó la convicción del tribunal ni los derechos fundamentales del imputado.