Daniel Mendoza, director de Matarife, atribuyó al ex mandatario conductas de gran condena social que socavaron su prestigio ante la opinión pública en forma desproporcionada e injustificada.
La medida es facultad del Presidente de la República, previa propuesta del Director General de Carabineros, según dispone la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros. Además, en base a los antecedentes presentados, tal decisión se encontraba debidamente justificada.
Resoluciones que declararon la salud irrecuperable y la baja del servicio, se fundaron en un informe emitido por un superior que ejerció ilegalmente la profesión de médico psiquiatra. No obstante, la acción de nulidad de derecho público no puede prosperar al haber cambiado la calidad jurídica del actor y no existir norma que revierta la baja permanente.
Sugiere considerar su solución en el plan «copago cero» impulsado por el gobierno.
El demandado posee la propiedad hace 40 años y ha invocado para su ocupación contratos celebrados con los demandantes, así como la existencia de un procedimiento de regularización al amparo del DL N°2695.
Se desestimaron los argumentos de miembros de la Guardia Civil condenados por abuso de autoridad, al no existir error en la apreciación de la prueba ni vulneración de la presunción de inocencia.
El demandado debía pagar los intereses estipulados en la cláusula al incumplir el pago de las rentas de arrendamiento, en razón de la obligatoriedad contractual y la autonomía de la voluntad.
La iniciativa permitirá la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas cuando exista peligro grave o inminente a su respecto.
Es un derecho fundamental que requiere de la infraestructura adecuada para su ejercicio, por lo que las autoridades pertinentes deben hacer observancia de los requisitos legales para su goce y así evitar su postergación a los sectores más vulnerables de la sociedad.
El Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ministerio del Medio Ambiente, solicita al Tribunal rechazar, en todas sus partes, las reclamaciones, pues -dice- la resolución se encuentra debidamente fundamentada y tiene por fin la protección de la diversidad biológica y el valor ambiental del Humedal Urbano de Quilicura.
