Para gozar de este derecho deberá acreditarse la condición mediante certificado médico una vez al año, de manera que en lo sucesivo, sólo deba dar aviso de su uso.
El actor se expuso voluntariamente al escrutinio público de sus ideas al participar de forma activa en debates sobre temas de interés público, a la par que dispone de un acceso significativamente amplio a los medios de comunicación y, por lo tanto, de la posibilidad de expresar su punto de vista sobre el asunto y refutar expresiones agraviantes.
Tanto en los desfiles de Iquique como en Valparaíso y otras ciudades participan las delegaciones del Senado encabezadas por su presidente, Juan Antonio Coloma junto a senadores y senadoras.
La requirente estima que la aplicación de la norma atenta contra la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.
La sentencia por la cual se expulsó a la actora no se encuentra actualmente firme, pues se impugnó vía recurso de apelación (mecanismo recursivo regulado en el Reglamento del Colegio profesional). Además, de no verificarse arbitrariedades, ilegalidades o conculcaciones de derechos fundamentales en el procedimiento disciplinario.
Los Ediles a pesar de nombrar a los Jueces de Policía Local –previa propuesta de las Cortes de Apelaciones respectivas-, no ejercen un control ni son superiores jerárquicos de tales Magistrados, quienes ejercen sus funciones con plena independencia de los funcionarios municipales.
La falta de asesoramiento legal independiente y de divulgación formal puede socavar la elección informada, pero no fue preocupante aquí porque el esposo no pudo señalar ningún prejuicio resultante: no hubo ninguna sugerencia de que la ausencia de estas salvaguardas socavara la integridad del proceso de negociación o la equidad del acuerdo.
El requirente alega que se le obliga a vender su inmueble a un precio muy inferior al de mercado, vulnerando sus garantías constitucionales.
Las personas que trabajan como guardias de seguridad, especialmente en establecimientos comerciales, no detienen a los delincuentes y se contentan con la devolución de las cosas que la persona está intentando sustraer.
Si bien la organización de la administración de justicia es competencia de los Estados miembros, el ejercicio de esta facultad debe respetar el derecho de la Unión Europea. Por ello, el régimen disciplinario aplicable a los jueces que puede tener que aplicar este derecho debe presentar las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen se utilice como instrumento de control político de sus actividades.
