El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado, en el procedimiento penal, vulnera garantías constitucionales.
El legislador utiliza la óptica del trabajador y no el de las empresas beneficiarias directa o indirectamente de su trabajo para definir la subcontratación.
Ante el denominado “abono heterogéneo”, el máximo Tribunal sostiene que los jueces de fondo deben otorgarlo en atención a los principios generales del derecho, en particular, el “in dubio pro reo”.
Funcionario de Carabineros impugnó tal comunicación luego de ser sorprendido manejando en estado de ebriedad al interior de la Academia de Ciencias Policiales. No se trata de un acto terminal por estar vigente una investigación administrativa. El actor carece de un derecho indubitado.
El requirente alega que se le sanciona dos veces por el mismo hecho, lo que infringe los principios de non bis in ídem y de proporcionalidad.
La franja de terreno ubicada en el borde costero de la ciudad fue otorgada en concesión a la Municipalidad, pero expiró.
La empresa estatal, en respuesta al requerimiento de la Contraloría, manifestó que la relación contractual con la entidad privada es de prestación de servicios de forma esporádica, descartando la subcontratación.
Atendido al estado procesal de la gestión pendiente, no se observan vulneraciones actuales a las garantías constitucionales del requirente.
Las condiciones que deben cumplir los establecimientos destinados a prestar servicios como centro de contacto o llamadas, están determinadas en el Decreto N°8 de 2021 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Las actuaciones investigativas realizadas por Gendarmería deben constatarse en cualquier medio que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información.
