La requirente alega que la aplicación de esta norma resulta discriminatoria, contraria a la igualdad ante la ley y atenta contra su patrimonio.
El movimiento es oficialmente un partido político.
El municipio de Independencia intentó cobrar el tributo a una sociedad que no ejerce una actividad terciaria, ni brinda asesorías profesionales a sus inversores, por lo que no existe el ejercicio de una actividad gravada al tenor del artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales.
El requirente alega que estos preceptos no son congruentes con la Constitución Política, ni con el sistema previsional en su conjunto, y contravienen la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo.
La casa de estudios sancionó al actor por infringir el reglamento del estudiante debido a tratos discriminatorios hacia una alumna, dichos homofóbicos y racistas contra colaboradores y profesores del plantel, e ingresar bebidas alcohólicas al interior del recinto; acusaciones que el alumno -que cursa la carrera de Derecho- tilda de falsas y propias de una persecución política en su contra.
El máximo Tribunal indicó que en atención a los artículos 104 del Código Penal y 196 de la Ley de Tránsito, el juez de base no debió considerar en la aplicación de la pena accesoria dos sentencias previas por el mismo ilícito, las que se encontraban prescritas al ser dictadas en los años 2006 y 2008 respectivamente.
El Código Penal señala que “no se tomarán en consideración tratándose de crímenes, después de diez años” (art. 104). Como se ve, no dice penas de crímenes ni penas de simples delitos; habla de crímenes o simples delitos, es decir, atiende a la naturaleza punitiva del hecho, lo que está conforme a su sanción asignada abstractamente, por expreso mandato del artículo 3° del mismo Código.
La jurisprudencia sostiene que en materia probatoria los mensajes de datos que circulan a través de medios electrónicos son medios de prueba. En ese sentido, debido al auge tecnológico e informático de programas de mensajería instantánea como WhatsApp, cobra relevancia el concepto de sana crítica en materia de valoración probatoria en entornos judiciales.
La resolución, aprobada por mayoría de votos, estima que es una medida que contribuye a optimizar los procesos del Estado.
También cuando se encuentren ejerciendo labores de resguardo de infraestructura crítica, pero en ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenido en esos hechos podrán ser juzgados bajo esta jurisdicción.
