La realización del certamen busca la promoción de la investigación desde el derecho en materia de lenguaje claro y acceso a la justicia; crear una instancia en que se den a conocer estudios y análisis enfocados en esta materia, tanto desde la perspectiva de la administración de justicia, la relación de los tribunales con las personas usuarias, como la interacción de los y las abogadas con sus patrocinados; y fomentar la difusión de las tesinas o memorias que sean un aporte en desarrollo en esta materia.

El Consejo Constitucional decidirá cuál va a ser el texto definitivo de la Constitución. Su función es la de aprobar, reformar o incorporar nuevas normas al texto propuesto por la comisión de expertos.

Crea y define las facultades del Consejo Constitucional, de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad, además establece el procedimiento y calendario de elaboración del nuevo texto constitucional.

El Tribunal Constitucional declaró inaplicable el precepto legal “o una licenciatura” contenido en el artículo 103, letra b), de la Ley 21.091, lo que tornó ilegal y arbitrario el dictamen de Contraloría que impedía acceder a la gratuidad a los alumnos del College UC.

Sólo la Constitución y las leyes pueden establecer restricciones de tal entidad, por lo que la Municipalidad deberá ajustar a la brevedad su ordenanza. Confirma su dictamen N°7.157/20.

El requirente alegó que el precepto impugnado permite aplicar sanciones desproporcionadas, desiguales y arbitrarias. El voto del Presidente no dirime el empate en requerimientos de inaplicabilidad.

Las hipótesis referidas a situaciones de “emergencia o calamidad pública”, no se circunscriben solo al territorio nacional, sino que a cualquier evento noticioso que reúna tales características.

La actora siempre puede solicitar un certificado de viaje en cualquier oficina de la Policía de Investigaciones de Chile, que constataría su ingreso al país.

La gratuidad, alegan los recurrentes, es concebida como un mecanismo de financiamiento a las instituciones de educación superior y no a los estudiantes individualmente considerados, por lo que descontar los fondos, en caso de suspensión académica o de estudios de los alumnos por causas particulares, no es procedente.

Simplifica los trámites de cambio de sexo e identidad sexual, eliminando el requisito de presentar informes médicos para tal fin. Establece como edad mínima los 12 años y garantiza la reversibilidad para aquellos que deseen “volver” a su sexo anterior.