No se vislumbra afectación o atropello a los derechos de la amparada ni a la garantía constitucional protegida por la acción de amparo constitucional, ya que, de los antecedentes, la amparada y su hija han recibido y están recibiendo un trato acorde a su situación.

La decisión de no renovar la patente de alcohol no se funda ni está revestida de mérito suficiente. La recurrida debió señalar todos los motivos y antecedentes que explicaran su decisión, más allá de lo señalado por el fiscalizador municipal, por lo que la conducta desplegada por la recurrida es arbitraria.

Existiendo la posibilidad de que el empresario se jubile («parcialmente») mediante la modalidad de jubilación activa, el único momento temporal en el que coinciden la jubilación del empresario con el cese del negocio es cuando finaliza la situación de jubilación activa y se pasa a la jubilación plena, siempre y cuando además se proceda al cierre del negocio.

La recurrida reconoce que la resolución de multa no ha sido debidamente notificada, pero una vez que trascurrieron los plazos para reclamar (judicial o administrativamente) el sistema automáticamente cargó la multa al sistema de cobro de Tesorería General de la República, sin advertir aquella situación.

El fallo valida las advertencias de expertos legales que afirmaban que la idea era inviable, dadas las obligaciones de Reino Unido bajo diversos tratados internacionales. En el veredicto, se destacó la posibilidad de que los solicitantes de asilo en Ruanda enfrenten la «devolución», exponiéndolos a la posibilidad de ser enviados de vuelta a sus países de origen para enfrentar violencia y maltrato.

La ausencia de criterios en la ley permite que las multas impuestas carezcan de fundamentación, salvo consideraciones genéricas insuficientes, por lo que el artículo 174 inciso primero del Código Sanitario vulnera el mandato de interdicción de la arbitrariedad y el deber de proporcionalidad, entrabando el derecho a defensa, en el marco de un procedimiento racional y justo del administrado, e impiden, en definitiva, un eficaz control de lo actuado por la Administración, refiere el voto en contra.

Lo anterior se desprende de lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y el contenido del expediente administrativo de fiscalización acompañado.

El deporte suele implicar una actividad fundamentalmente física, con finalidad recreativa o competitiva. Por eso los deportistas deben asumir las lesiones que sean consecuencia de una acción permitida por las normas que rigen el deporte del que se trata y también aquellas otras que, aunque constituyen infracciones, son inherentes al deporte debido al ímpetu de los participantes en su desarrollo.

En el fallo, el magistrado hizo lugar a la acción tras establecer el incumplimiento contractual de la clínica y del médico tratante, por lo que los condenó a pagar solidariamente a la afectada la suma de $15.000.000 por daño moral y $3.811.140 por daño material, y un total de $15.000.000 por indemnización de perjuicios a cónyuge e hijos.

La herramienta, gratuita, permitirá a la sociedad informarse respecto al proyecto de nueva Constitución que deberá ser votado en el plebiscito del domingo 17 de diciembre de 2023.