No es posible entender que se está en presencia de una urbanización únicamente cuando se desarrolle la totalidad de las obras precisadas en la ley general de urbanismo, como lo entiende dicho servicio.
Sin perjuicio de otras acciones que le corresponda al padre para reclamar asistencia económica o instar por sanciones por presuntos actos de violencia intrafamiliar cometidos en su contra.
El máximo Tribunal estableció que la denegación de la inscripción de la propiedad no se encuentra justificada, al cumplirse en la especie los requisitos legales de cesión de derechos.
El imputado, abordó un vehículo, el que condujo por calle Prat en dirección de un grupo de carabineros, procediendo a atropellar al sargento Moisés Zambrano Pérez, al cabo segundo Jordan Nicolás Mansilla Ojeda, a quien lanzó contra el capó de un carro policial, y al cabo primero Álex Salazar Rodríguez, cuyo cuerpo aplastó contra dos vehículos institucionales que permanecían estacionados en el lugar y luego arrolló y arrastró cerca de 10 metros para, finalmente, darse a la fuga.
El requirente estima que las normas objetadas, aplicadas al caso concreto, resultan contrarias a su garantía a un debido proceso.
La imputación de hechos reprochables, a nivel social y penal, implica no solo un acto de autotutela, sino también una vulneración al derecho y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.
El actor intentó registrar en el Conservador el plano de un predio de su propiedad con la superficie y los deslindes corregidos, pero su solicitud fue rechazada porque la aprobación de dicha rectificación efectuada por la DOM adolecía de nulidad absoluta.
De lo actuado no puede deducirse que el uso del vehículo constituya un derecho que la empleadora hubiese reconocido al demandante y no cabe extraer del documento adjunto, que se califica de precontrato, las conclusiones que pretende el recurrente, pues ni resulta de la literalidad del mismo ni se puede deducir de su contenido.
El requirente alega que no puede controvertir una sentencia carente de motivaciones por el recurso que el legislador ha previsto al efecto, lo que vulnera sus garantías constitucionales.
No obstante, los hechos catalogados de torturas por la exministra de salud, se encuentran bajo el amparo del derecho; toda vez que se ha iniciado por el Ministerio Público una investigación al respecto.
