Las resoluciones de la recurrida se tornan arbitrarias, desde que no se ha dado cumplimiento al deber de fundamentación que exige el artículo 41 de la Ley 19.880, provocando que no se basten a sí mismas e impidan su total entendimiento al afectado.

La iniciativa busca que el aumento de la pena constituya un verdadero mecanismo de prevención del delito, que inhiba a los delincuentes de seguir cometiendo esa clase de conductas ilícitas y reprochables.

Si la expropiación recae en tierras indígenas la indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado debe considerar el efecto “desplazamiento territorial” en los términos del Convenio 169 de la OIT.

Establece un marco jurídico que regula la institucionalidad del cambio climático y crea instrumentos para gestionar la crisis.

El proyecto minero ubicado a 4.200 sobre el nivel del mar, está siendo constantemente monitoreado por la Superintendencia por su impacto ambiental en la fauna de la cordillera de la región de Atacama.

Estos métodos, si bien se circunscriben al ámbito médico, también tienen sus implicancias en el mundo jurídico por las nuevas situaciones que provocan, situaciones que no siempre son pacíficas o exentas de conflictos. Máxime, teniendo en consideración que el derecho no siempre acompaña los cambios sociales a la par, sino con sus propios tiempos.

La Fiscalía de Colombia publicó los resultados de la prueba toxicológica realizada a Taylor Hawkins tras su muerte ¿Se violó el derecho a la intimidad?

Los congresistas acordaron pedir al Ministerio de Hacienda estudiar la entrega de recursos para costear analgésicos y antidepresivos, fármacos fundamentales en el tratamiento de este mal.

El Senado respaldó el mensaje que permitirá aplazar la entrada en vigencia de la ley 21.180, hasta el 31 de diciembre de 2027, para una adecuada implementación de la ordenanza que avanza hacia “un Estado más ágil, transparente y amable con las personas”.

El Tribunal aplicó, además, a Arriaza Lara las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del penado y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el Código Penal.