La construcción ha importado una vulneración al derecho de propiedad de la recurrente en cuanto se ha afectado parte de la techumbre de su vivienda.

Constituye un acto ilegal, por cuanto contraviene los procedimientos establecidos en ley N°18.101 para poner término a un contrato de arrendamiento.

Al tiempo de los hechos padecía una alteración del control de los impulsos por ludopatía.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el derecho a un proceso racional y justo, y el principio de seguridad jurídica, desde que a pesar de haberse cometido errores manifiestos en la liquidación y, con ello, dar lugar a un enriquecimiento sin causa, no puede objetar la liquidación del crédito ni apelar la resolución.

La actividad procesal desplegada por el recurrente en dicho cuaderno, dio cuenta de su actitud de continuar adelante con la prosecución del juicio, por lo tanto, los jueces de fondo debieron desestimar el incidente propuesto por la demandada, al no cumplirse en la especie los presupuestos establecidos en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil.

La condena se confirmó estrictamente sobre la base de las pruebas obrantes en el expediente del caso, al establecerse correctamente los hechos y aplicado debidamente la ley. El artículo periodístico y las grabaciones de vigilancia publicadas no violaron el derecho del actor a un juicio justo ni su presunción de inocencia.

Inicialmente la Corte de Coyhaique negó la pena sustitutiva confirmando aquella de cumplimiento efectivo, no obstante, los ministros recurridos no fundamentaron su rechazo, especialmente, luego de verificar que el condenado cumplía con todos los requisitos para optar a la modalidad de cumplimiento solicitada, infringiendo lo dispuesto en los artículos 15 y 15 bis de la Ley Nº18.216.

En atención al principio “primacía de la realidad” se observan indicios del vínculo de subordinación y dependencia, por ende, la relación entre ambas partes no podía ser calificada como estatutaria. Asimismo, la labor como educador ambiental que desempeñó el demandante, cumple con el objetivo del municipio de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y no es una función específica y acotada a la prestación de servicios.

Los jueces no tienen obligación de expedirse sobre todas y cada una de las alegaciones vertidas por las partes, sino sólo sobre las que resulten conducentes para la dilucidación del pleito.

El acusado intentó anular el fallo asilándose que como migrante su conducta anterior en el país es irreprochable, no obstante, de su testimonio, como de los elementos encontrados en su departamento, no se desprende su conducta impoluta previa a la detención, por lo tanto, la circunstancia de no poseer extracto de filiación es indiferente a la magistratura.