La normativa que regula el ingreso, permanencia y salida de visitas no sólo tiene por objeto mantener un debido registro de quienes concurren, también resguardar el orden y seguridad interno. La Autoridad Penitenciaria actuaría contra ley si permite el ingreso de quien no cumple con la normativa y además se encuentra en situación migratoria irregular.

Es indispensable que el Estado avance de forma prioritaria en la elaboración y suscripción del contrato que señaló que FONASA celebrará con el prestador de servicios de salud privado. Ello, con el fin de que se garantice que la cobertura del tratamiento médico otorgada a través de dicho contrato entre en vigencia de forma inmediata una vez culmine la cobertura del actual seguro de la menor.

Su aplicación impone una diferencia arbitraria y conculca la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el debido proceso, la seguridad jurídica, pues el receptor dejó el aviso mientras el establecimiento educacional se encontraba cerrado por vacaciones de fiestas patrias

El tribunal, además, ha realizado las gestiones necesarias para la protección del interno, con lo cual la decisión aparece revestida de suficiente fundamento.

El efecto acumulativo de las declaraciones pudo influir en la decisión del tribunal que conoció del recurso de apelación. Por lo tanto, se violó la presunción de inocencia del demandante en virtud del artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Como resultado de estas conclusiones también se observa una violación de su derecho a un “tribunal independiente e imparcial” previsto en el artículo 6.1 del mismo cuerpo normativo.

No concurren las claras exigencias establecidas en el artículo 443 del Código Penal que demanda el uso de llave falsa o verdadera sustraídas, ganzúas u otros elementos semejantes o si se procede mediante fractura de puertas, vidrios, fierros, candados u otros dispositivos de protección, refiere el voto en contra.

El proyecto comenzó su análisis en la Comisión de Cultura de la Cámara. En la sesión asistieron representantes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, quienes explicaron los pasos para lograr dicho reconocimiento.

La Primera Sala del máximo tribunal consideró que hubo error al acoger la excepción de prescripción planteada.

La primera de veintiséis sesiones se enfocó los fundamentos detallados en el primer artículo del borrador y estuvo marcada por las abstenciones de Chile Vamos.

Juez penal Héctor Barraza accedió a la solicitud de las defensas de entregar la identidad de los testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas que figuran en la acusación en el marco de la causa abierta contra integrantes del denominado Clan “Los Gallegos”, brazo operativo con el “Tren de Aragua”.