Lo anterior reconoce fundamentos vinculados a la seguridad jurídica y a la economía procesal.
Alega que la resolución de inadmisibilidad recurrida tuvo como único fundamento la falta de legitimación activa del municipio, la que sí concurre en la especie conforme a lo dispuesto en la Constitución, en la Ley N° 19.300 y a lo sostenido por la jurisprudencia de la Corte Suprema.
La Sala del Senado otorgó su contundente respaldo a esta iniciativa que apunta a identificar y desbaratar las bandas de crimen organizado para defraudar.
Para que no haya cambios en la duración de los mandatos y se respete lo que establece el actual texto constitucional.
La sentencia condenó a Juan Tapia Pacheco a 8 años de presidio como autor del ilícito; a Jorge Escobar Cantillana y Carlos Ruiz Medrano a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional, por su responsabilidad como encubridores y a Víctor Geraldino González y Luis Zapata Torres a 100 días de presidio, por el mismo grado de participación anterior.
La medida fue decretada en el marco de la demanda por daño ambiental interpuesta por la Municipalidad de Saavedra contra un particular.
Los constituyentes emplazaron una discusión sobre el actual sistema político, siendo los elementos más aludidos el de un régimen parlamentario.
Ante el hecho, la norma constitucional habilita al Presidente de la República a pedir a la Corporación que se pronuncie sobre si insiste, por los dos tercios de sus miembros presentes, en el proyecto que aprobó en el primer trámite. De verificarse dicho hecho, podrá pasar nuevamente al Senado que, para reprobarlo, deberá concurrir con el voto negativo de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
Las diputadas de la Comisión de Mujeres de la Cámara escucharon los planteamientos de la abogada magister en derecho penal, Angélica Torres, y de la estudiante de derecho de la Universidad Diego Portales, Patricia Godoy, quienes entregaron mayores antecedentes sobre la iniciativa.
Desde que entró en vigor la penalización absoluta del aborto en El Salvador, se ha criminalizado a mujeres que han sufrido abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas.
