La Ley N°20.720 no contempló al recurso de apelación como vía para impugnar la decisión que niega lugar a una solicitud de liquidación voluntaria, por lo que es factible impugnar tal resolución mediante el recurso de queja atendida la naturaleza especial de esta acción, y en la especie, no privar al fallido de su derecho de acceso a la justicia.

El texto se pide la liberación del periodista Omar Radi y de otros reporteros que han sido privados de libertad por criticar al gobierno. También aborda la presunta participación de Marruecos en los recientes casos de corrupción que han remecido la política europea.

El máximo Tribunal resolvió que declarado injustificado el despido el empleador debe restituir al trabajador los montos descontados como aporte patronal al seguro de cesantía, según lo establece el artículo 13 de la Ley N°19.728, en relación con el artículo 161 del Código del Trabajo.

Se infringe al Principio de Irretroactividad de la Ley Penal aplicar una norma posterior a conductas ejecutadas previamente a su vigencia.

El recurso excede largamente del ámbito propio de la acción cautelar prevista para amparar el legítimo ejercicio de derechos indubitados que resulten amagados por actos ilegales o arbitrarios.

Tales recursos tienen por objeto satisfacer las necesidades de la gestión administrativa que desarrolla la DIBICAR, así como también la adquisición de materiales e insumos, tanto de remuneraciones de personal específico como de prestaciones de servicios básicos de las desocupadas por mantención o reparación sin usuario asignado y todos aquellos inherentes a la gestión.

Aplica el artículo 8 de la Ley 19.820, que obliga al Ministerio a entregar en comodato el inmueble del Liceo a la UCH (como su entidad responsable) con la finalidad de que se destine de forma permanente como sede del establecimiento secundario.

Es responsabilidad del amparado proveerse de la documentación migratoria necesaria que le permita ingresar legalmente al país.

El tribunal de base acogió la excepción de transacción respecto de 247 trabajadores que no realizaron reserva de acciones, pero ordenó continuar el cobro del beneficio por los restantes 650 demandantes. El fallo fue valorado como un triunfo por la presidenta del sindicato de la entidad “(…) porque reconoce una deuda histórica de la banca con sus trabajadores”.

El reclamante alegó que el CBR sólo puede negar una inscripción si se está ante un vicio formal y notorio, argumento que fue descartado por el Tribunal, tras establecer que el Conservador debe hacer una revisión por sobre lo meramente formal a fin de cumplir con el principio de legalidad registral.