La requirente estima que carece de densidad normativa al no fijar criterios o directrices mínimos, verificables y objetivos, conforme a los cuales las EGC debieran determinar su tarifado.
Afectan la seguridad jurídica, la garantía de la igualdad ante la ley, el debido proceso, el principio de proporcionalidad, el derecho de propiedad.
El Tribunal de alzada estimó que en el caso de la única docente que acreditó realizar la solicitud de continuar con teletrabajo (la que fue rechazada por la Corporación) no se cumple el primer requisito del artículo 1° inciso primero de la ley 21.342, “en la medida que la naturaleza de sus funciones no permite la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo”.
La Comisión de Salud comenzó el tratamiento de la iniciativa que busca reparar civilmente los perjuicios traídos por la ineficacia de los fármacos. Adicionalmente, la instancia acordó fusionar dos propuestas de ley que vienen a regular el tema de las cirugías plásticas y aprobó su idea de legislar, quedando pendiente el tratamiento de su articulado.
La propuesta que cuenta con el respaldo transversal de los senadores, será votada en una próxima sesión ordinaria. Ésta regula las intervenciones de carácter médico y científicos que se pueden realizar a nivel neuronal.
Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, expuso ante la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional y abogó por la consagración explícita del derecho a acceder a información en poder de organismos del Estado en el texto de la Carta Fundamental.
El Comité de Agua Potable alega que la cantidad de agua otorgada por la autoridad pública es insuficiente para el consumo e higiene de sus integrantes.
Al renovar la patente de alcoholes a otros dueños con mayor número de infracciones durante la última anualidad, la entidad edilicia infringió el derecho de igualdad ante la ley de la recurrente.
El procedimiento administrativo es una instancia relevante para la intervención ciudadana en el proceso de formalización de la voluntad estatal.
Los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales que se denuncian afectados deben ser indubitados.
