Pese a alegar falta de notificación de la audiencia previa a la determinación de la sanción, la recurrente no fue capaz de explicar porqué terceros ajenos al beneficio moraban en el inmueble al momento de efectuarse la fiscalización por el órgano demandado.
Quienes se encuentren haciendo uso de su descanso maternal en la época en que les corresponda gozar del feriado, pueden ejercer este derecho en una época distinta a la interrupción de clases, por un plazo máximo de 15 días con posterioridad a los permisos maternales siempre que no se afecte la continuidad del servicio.
El órgano de derecho privado tomó las medidas necesarias para evitar el hecho, por lo que la responsabilidad por el ilícito recae en los terceros que lo llevaron a cabo y no configura una falta de servicio.
El Tribunal determinó que para que se configure la infracción legal, debe acreditarse que un consumidor ejerció su facultad de pedir el informe con las razones del rechazo del crédito y que la entidad lo haya denegado.
Las personas en estado de ebriedad o que consumen alcohol en los espacios públicos, en muchas oportunidades, causan problemas de violencia, suciedad y sensación de inseguridad.
La presencia de los principios activos de la sustancia de rigor es suficiente para calificarla como aquellas que constituyen el objeto material del delito de tráfico ilícito de drogas.
Los hechos ocurrieron en el aeropuerto de la ciudad de Märsta, donde el requerido junto a tres coimputados robaron dinero y oro a un funcionario de una empresa de transporte de valores.
Para analizar la motivación en una decisión no hay que remitirse únicamente al contenido explícito, sino también al implícito, para lo cual es necesaria una lectura integral del contexto y de la decisión analizada, sin que esto conlleve adjudicar contenido que no ha sido establecido en el fallo.
La situación planteada encuadra precisamente en la hipótesis descrita por el artículo 7 del Código Penal, por lo que debe sancionarse con una pena inmediatamente inferior en un grado.
La demanda de cobro por perjuicios decretados en favor de las demandantes en sede penal fue declarada abandonada por la inactividad procesal de la Corporación, hecho que configura un perjuicio de responsabilidad contractual por incumplimiento del mandato judicial otorgado a la institución.
