La iniciativa otorga una herramienta eficaz y efectiva al Ministerio Público y a las Policías, a fin de fortalecer la investigación de hechos que pudieran revestir el carácter de delito.

El requirente alega que destinar recursos provenientes de subvenciones escolares a fines no educativos vulnera el derecho a la educación.

El despido no tuvo por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N°19.728.

Se pidió anular el fallo acusando que la vista de la causa se llevó a cabo antes de cumplir el trámite de absolución de posiciones decretado, pero tal eventual vicio debe ser reclamado mediante el recurso de nulidad formal y no con la interposición de un recurso de nulidad sustancial.

El incremento de los delitos violentos hace indispensable crear normas que eviten que los delincuentes aprovechen la fragilidad del sistema de control y prevención.

En los casos en que la solicitante del beneficio es una persona jurídica, su concesión debe apreciarse con mayor prudencia que en el caso de que se trate de una persona humana.

El recinto no pudo desvirtuar la existencia de culpa y la ausencia de medidas de seguridad necesarias para evitar el accidente.

El requirente alega que se le impide injustamente acceder a la justicia en los términos protegidos por la Constitución.

De lo contrario, se conculca la libertad personal del amparado quien es considerado como refugiado al huir de las condiciones adversas de su país para reencontrarse con su familia en Chile.

En el país se están desarrollando fenómenos criminológicos que generan sensación de inseguridad en la ciudadanía. Los delitos de robo de vehículos con fuerza y/o intimidación, conocidos como “portonazos” o “encerronas”, son parte de este fenómeno.