“torna improcedente el arresto decretado en su contra en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 17.322, afectándose de manera ilegítima la libertad personal del recurrente”.

“el legislador no es libre para regular el alcance de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce y asegura a todas las personas. Por el contrario, y como lo dispone el artículo 19, Nº 26°, de la misma, debe respetar la esencia del derecho de que se trata como también evitar la imposición de condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”

«la sentencia impugnada se limitó a seguir la tesis aceptada por el máximo tribunal, sin que el reclamante haya aportado argumentos que permitan desvirtuar tal convicción, toda vez que ha quedado demostrado que el objeto social de la reclamante comprende la ejecución de actividades que importan la obtención de lucro o ganancia, es decir, se trata de actividades lucrativas, de carácter terciario, y, por consiguiente, configuran un hecho gravado en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales».

“la circunstancia de que la SISS no materializara la decisión administrativa de desarrollar un programa mensual de vigilancia y fiscalización especial, no contraviene la existencia de una declaración de voluntad de su parte, que siendo verbal, posteriormente se ratificó o se subsanó”

“el nuevo mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas tiene tres componentes esenciales: Primero lo que son los gastos administrativos, como remuneraciones, que siguen siendo tratados exactamente iguales en la Ley de Presupuesto; luego, todo lo que son sus capacidades estratégicas, como adquisición del material bélico, preparación, a través de presupuestos plurianuales de cuatro años; y la creación de un Fondo de Capacidades Estratégicas, con los recursos que hoy día están en la Ley Reservada del Cobre y este fondo puede ser utilizado de acuerdo a la norma actual, solo en tres momentos: que exista una guerra externa, que exista una catástrofe nacional y en compra de oportunidades”.

El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 26 del DFL N° 850, de 1997 del Ministerio de Obras Públicas.La gestión pendiente invocada incide en autos sobre nulidad de derecho público de que conoce el 1° Juzgado Civil de Santiago, pendiente de ser notificada la resolución que recibe la causa […]

no le corresponde al demandante y recurrente el derecho de percibir la indemnización antes mencionada, ya que no concurren los presupuestos para acceder a ella, dado que “se encuentra establecido como hecho de la causa que al momento de materializase la denominada ‘paralización de las faenas’ no existían obras pendientes de ejecución por parte de la empresa”.

«lo cierto es que en este caso la norma impugnada le sirve de instrumento o herramienta procesal para reflejar su posición sobre el sustrato fáctico de la causa».

«es real el hecho de que dicho local no se encuentra con las autorizaciones correspondientes y es por esto que se lleva a cabo la clausura del mismo, por lo que no se vulnera la garantía constitucional antes mencionada».

«si bien antes se justificaba esta carga pública como una forma de retribuir al Fisco por la educación gratuita, hoy no tiene ningún asidero».