El trabajador posee un derecho de opción para acudir al tribunal mediante el procedimiento de aplicación general si no desea concurrir previamente ante la Inspección del Trabajo, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 498 del Código del Trabajo, resuelve el máximo Tribunal.
El Tribunal debe hacerse cargo, al fundamentar su decisión, de toda la prueba producida incluso de aquella que hubiere desestimado.
El aviso publicitario debería bastarse a sí mismo a fin de proporcionar al consumidor la debida información, logrando una total transparencia, equilibrio y seguridad en las relaciones de consumo.
La empresa reclamó en contra de la resolución administrativa referida a la calificación de servicios mínimos de su personal en huelga legal. El tribunal de primera instancia se declaró incompetente, hecho ratificado en alzada, privando a la recurrente de su derecho a acudir a la judicatura para obtener una solución al litigio.
El recurrente expuso argumentos genéricos sin puntualizar de forma concreta como se habría vulnerado el debido proceso, motivo por el cual, el máximo Tribunal desestimó el arbitrio quedando a firma la condena impuesta.
El Tribunal de alzada descartó que los hechos denunciados en el recurso constituyan un acto arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos y garantías invocados por la parte recurrente.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la de primer grado que estableció la responsabilidad de la empresa en el accidente de marras.
El Tribunal de alzada descartó infracción en la resolución del CNTV que sancionó a la estación televisiva al contabilizar programa emitido parcialmente fuera de la franja horaria legal.
Pero rechazó inaplicabilidad de la CMF respecto de los artículos 5°, inciso segundo, y 10, inciso segundo, de la Ley N° 20.285.
Las tomas fotográficas aéreas que se acompañaron al proceso demuestran la existencia de edificaciones emplazadas en la parcela del actor, pero no que aquellas hayan sido ejecutadas por terceros ajenos a la propiedad, razón suficiente para rechazar el arbitrio.
