Esto, a pesar del retraso de la Administración en afinar la evaluación de que se trata.
El ente contralor sostuvo que estos bienes se limitan al empleo en el cumplimiento de sus fines propios y, por consiguiente, la entidad ocupante se encuentra impedida de ceder su uso a terceros.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2 y 3.
La Corte Suprema señaló que, del mérito de los antecedentes apareció que en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
La solicitud de suplicatorio fue instada el pasado día 4 de febrero de 2019 por el magistrado instructor de la causa del 'procés'.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La gestión pendiente incide en autos sobre despido justificado y cobro de prestaciones laborales seguido ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de nulidad.
La Magistratura colombiana adujo que la suspensión provisional de los derechos políticos de los funcionarios públicos, es una decisión que no afecta el núcleo de tales derechos, ni implica frente a ellos una interferencia desproporcionada e irrazonable.
El objetivo principal del proyecto ingresado es proteger a las PYMES de acuerdos abusivos con sus proveedores.
El objetivo principal del proyecto ingresado es agravar la pena aplicable a los atentados contra la autoridad, cuando el hecho fuere cometido por dos o más personas.
