Las diputadas y los diputados requirentes estimaban infringido dicho principio, en atención a que la norma de comportamiento que configura parte del núcleo de la conducta se encuentra contenida en una regla infralegal.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.

El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional de protección, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal del banco.

Para el caso que se declare admisible, y luego de cumplir con los trámites que dispone la LOCTC, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir un pronunciamiento respecto del fondo del requerimiento.

Esto, a propósito de consultas efectuadas por la diputada Marcela Sabat, la CONFUSAM, el Director Suplente del Hospital Provincial del Huasco y la Universidad de Chile.

Tras propuesta de la autoridad sanitaria de solicitar apoyo de compañías telefónicas para monitoreo de traslados en contexto de la emergencia sanitaria, el abogado y presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, advirtió que deben conocerse detalles de la medida, puesto que no existiría habilitación legal que autorice a ningún órgano a recopilar y tratar datos personales y sensibles ?como la geolocalización- sin autorización expresa del titular.

Lo contrario significaría asumir que todo el sistema indemnizatorio de término de contrato en materia laboral quedaría prácticamente derogado tácitamente y absorbido por el procedimiento de tutela.

El reclamante indica, que se incurre en un error de su calificación jurídica y que la sanción impuesta resulta carente de racionalidad, desproporcionada o excesiva.

La sentencia del Máximo Tribunal fue acordada con el voto en contra de la ministro Gloria Ana Chevesich.

El Máximo Tribunal señaló que, los sentenciadores incurrieron en infracción de los artículos 4° y 12 de la LGUC, en relación a los artículos 151 de la Ley N° 18.695 y artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República.