Un denunciante anónimo describió detalladamente al imputado, indicando que aquel se encontraba en un sector de Valparaíso transportando una escopeta, situación que fue verificada por el personal policial que lo detuvo y encontró entre sus ropas dos cartuchos de dicha arma sin percutir.

El haber establecido que el periodo de duración de la referida medida de coerción personal será hasta que concluya el proceso de extradición, constituye una decisión arbitraria, pues carece de razonabilidad imponer una prisión preventiva que se podría prolongar en el tiempo de manera indefinida, lo cual vulnera el derecho de la favorecida a que su situación jurídica se defina dentro de un plazo razonable.

La Undécima Sala del tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia impugnada, dictada por el 25° Juzgado Civil de Santiago.

Fallo novedoso desde el aspecto de la aplicación de criterios aplicados jurisprudencialmente para casos de infección intrahospitalaria en materia de Covid 19 y prestación sanitaria y que concurran los elementos propios de la responsabilidad médica, ante su judicialización y no obstante al referirnos a un análisis de jurisprudencia extranjera, la posibilidad de aterrizar aquel criterio en nuestro ordenamiento jurídico.

La Excma. Corte ha dicho que un llamado de atención es una sanción, y que los jueces deben hacer uso mesurado de las medidas disciplinarias a fin de no causar entorpecimiento a la labor profesional, pues son capaces de poner en peligro el libre ejercicio del derecho de defensa en juicio.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que no permite exigir que la Corte Suprema se pronuncie sobre el fondo de la controversia planteada en sede de recursos de protección y de revisión

Aun cuando la actuación de la funcionaria no corresponde a un acto administrativo terminal, de la lectura del acta de inspección, que contiene la decisión impugnada, se aprecia una suficiente fundamentación que hace alusión a los hechos por los cuales estima se configura la infracción por la cual se decreta la medida.

El artículo 127 del Código Procesal Penal permite la medida cautelar decretada para asegurar la presencia del imputado, sin previa citación, cuando de otra manera la comparecencia pudiera verse demorada o dificultada.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y, en virtud del artículo 5 de la Constitución, el artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica, desde que a pesar de que el artículo 177 de la Ley N°20.720 consagra el recurso de forma expresa, el precepto legal impugnado niega el ejercicio del derecho al recurso

El litigio debe seguirse ante un juez civil mediante un juicio de lato conocimiento, debido a que las partes no poseen derechos indubitados y no existe vulneración de los derechos de la madre de los actores.