Se trata de comunicaciones entre funcionarios públicos en su calidad de tales a través de medios institucionales destinados al efecto y sobre materias relativas al SII, circunstancias suficientes para descartar la expectativa de privacidad que pretende proteger el SII, no configurándose entonces la causal de secreto o reserva invocada por el reclamante.

El Decreto Alcaldicio hace mención a informes policiales y vecinales que aluden de forma genérica a ilícitos cometidos en el sector que son considerados insuficientes para fundamentar la medida.

El principio de insignificancia surgió en el derecho romano y su objeto es acotar el campo de incidencia del tipo penal, evitando la sanción de conductas delictivas no pertinentes que redunden en daños insignificantes al bien jurídico protegido por la ley penal. Se elimina la tipicidad material de la conducta, a pesar de ser formalmente típica, cuando no se demuestra un daño sustancial al bien jurídico.

La exclusión de prueba es una resolución de enorme importancia para el resultado de un juicio, que es expedida por un juez unipersonal, sobre la base de parámetros flexibles o poco precisos, y en que está en juego la libertad de una persona. Por ello garantizar la oportunidad de recurrir de apelación para que se revise dicha determinación judicial y minimizar el riesgo de error es una exigencia de racionalidad y justicia.

De acuerdo al artículo 36 Bis de la Ley de Concesiones, ambos tribunales son competentes para conocer este tipo de disputas, pero al haberse ejercido la opción que contempla la norma legal ante la Comisión, en ella quedan radicadas todas las controversias que surjan en el futuro para así permitir la debida unidad e inteligencia de la decisión.

La observancia del principio de congruencia exige una rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos, el objeto y la causa que individualizan la pretensión y la opinión. En lo que concierne al objeto, este principio requiere que el juez emita pronunciamiento, total o parcialmente positivo o negativo.

La jurisprudencia ha establecido la distinción entre el derecho al olvido y el derecho a la desindexación, siendo este el derecho invocado en el presente caso, en el que la recurrente pretende desvincular su nombre con cuestiones de descrédito respecto a ser investigado/acusado en un proceso penal, en el que compareció únicamente como testigo. No postula la exclusión de contenidos de investigación de las bases de datos.

Corresponde a la Universidad observar el Principio de Máxima Divulgación, mediante el cual, los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales.

La medida fue adoptada en virtud de una reforma impulsada por parlamentarios demócratas. Ha encontrado oposición en ciertos grupos que acusan a las autoridades estatales de vulnerar su libertad religiosa y sus derechos como padres, en contravención a la Primera y Decimocuarta Enmienda.

Presentamos esta demanda para reivindicar nuestros derechos contra CCDH, así como contra cualquier patrocinador y financiador actualmente desconocido que, entre otras cosas, haya dirigido, instruido, actuado como agente o en concierto con, y/o que haya participado de manera significativa en la conducta ilegal de CCDH, como se alega en este libelo.