La Dirección aludida informó que a través de su Orden de Servicio N° 5 de 2008, tiene establecido la tramitación para ejercer el ‘derecho de la defensa funcionaria’.
La gestión pendiente invocada recae en un proceso penal seguido ante el Juzgado de Garantía de Cañete por el delito porte ilegal de arma de fuego.
Cabe recordar que el Proyecto consiste en una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje (500 kV) en doble circuito.
Concluye la sentencia manifestando que la demandante no probó la dominancia de Movistar en el mercado relevante de autos.
Las gestiones invocadas recaen sobre sumarios administrativos seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Concluye el fallo expresando que la resolución N° 66 del Consejo de Rectores reviste el carácter de arbitraria.
El texto presentado señala que los reajustes e intereses por el pago atrasado de las cotizaciones previsionales, serán abonados en la cuenta del afiliado afectado, siendo solo de beneficio de la AFP las costas de cobranza.
Los organismos, además, reafirman el derecho de los pueblos indígenas a definir sus propias prioridades de desarrollo.
Esta medida es el resultado de la primera etapa de revisión de las asignaciones que sirvieron de base a las pensiones cursadas por sobre el tope de imponibilidad de 60 UF.
La sentencia del Tribunal de alzada sostuvo que se está frente a una situación, en que concurren de forma conjunta infracciones reglamentarias, en que se debe determinar, bajo una fórmula interpretativa, cuál de aquellas es la causalmente relevante.
