El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada que condenó a Pedro Espinoza Bravo, Fernando Lauriani Maturana, Rolf Wenderroth Pozo y Miguel Krassnoff Martchenko a 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autores del delito, tras descartar la aplicación de la figura de la media prescripción.
El recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2 y 24.
La Magistratura constitucional adujo que, lo que se ha sometido a control de constitucionalidad, es la nueva competencia otorgada a Jueces del Trabajo para conocer de reclamaciones respecto de sanciones que pudiera decretar la Dirección del Trabajo.
La Magistratura constitucional colombiana concluyó que no existió un perjuicio irremediable que justificará un amparo transitorio, pues el despido no generó una afectación de su derecho al mínimo vital.
La Corte de Concepción indicó que, a la fecha de disponerse el retiro temporal del recurrente éste detentaba la calidad de dirigente gremial.
El fallo fue acordado con los votos en contra de los Ministros Aróstica y Vásquez, quienes estuvieron por acoger la impugnación.
El ente contralor adujo que, esto, por cuanto durante ese desplazamiento el empleado no se ve en la obligación de cumplir tareas por orden de la autoridad.
El objetivo principal del proyecto ingresado es reforzar la labor preventiva de los padres.
El objetivo principal del proyecto ingresado es flexibilizar la suspensión en juicios que duren más de 6 meses.
El Tribunal Supremo concluyó que, evidentemente, nunca será posible conocer, con plena certeza, lo que hubiera ocurrido si aquellas normas se hubieran aplicado. Pero lo que sí se puede afirmar es que la inobservancia de lo legalmente previsto, indudablemente, facilitó la comisión delictiva.
