Aborda los derechos de las víctimas frente a violaciones de DD.HH. en democracia, el acceso al agua, el derecho a la libertad de religión, de creencia y culto; los derechos humanos de las personas mayores, y de niños, niñas y adolescentes en el entorno escolar post pandemia; y la desaparición forzada de personas en dictadura.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la Armada al mantener en exhibición imágenes de quien formó parte de un gobierno de facto durante el cual se cometieron delitos de lesa humanidad.

Se limitó a dar cuenta de la existencia de un sumario administrativo seguido contra el recurrente, procedimiento público de acuerdo a lo establecido en los artículos 4 y 16 de la Ley 19.880. Existe un interés público comprometido.

La medida adoptada por el Servicio Electoral busca resolver problemas de competencia en las Juntas Electorales de Valparaíso y la Araucanía, y al mismo tiempo mejorar la eficiencia y transparencia en el proceso electoral.

Dar cuenta de la afiliación de trabajadores a una asociación de funcionarios, o de cualquier antecedente que logre identificarlos, constituye información reservada.

Una vez que se cumpla lo ordenado, la Magistratura Constitucional deberá pronunciarse sobre el fondo de la impugnación y resolver si los decretos adolecen o no de los vicios de inconstitucionalidad denunciados.

La jurisprudencia estima necesario que, además de someterse a la verificación de taxativas causales legales de procedencia, la urgencia manifiesta tiene razón de ser en dotar a la administración de opciones de respuesta inmediata, céleres y expeditas que sean idóneas para atender situaciones de crisis, sumamente graves, cuya solución no admite espera.

Afecta la libertad individual y en especial la de desplazamiento.

El fallo fue emitido por el órgano castrense en noviembre de 1973, condenando a la pena de muerte al cónyuge de una de los solicitantes y al resto de los actores a diversas penas privativas de libertad. La sentencia impugnada ya había sido revisada previamente por el máximo Tribunal, que la declaró nula y absolvió a todos los reclamantes.

El Servicio es la entidad especializada responsable de administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la ley N° 20.084, de responsabilidad penal adolescente. El servicio debe desarrollar programas que contribuyan al abandono de toda conducta delictiva, a la integración social de los adolescentes y a la implementación de políticas de carácter intersectorial en la materia.