Esta última es de naturaleza punitiva y se permite agregar a ella la proveniente de los perjuicios inmateriales causados a quien denuncia.
El órgano contralor sostuvo que ello procedería en la medida que tal decisión se funde en la correcta administración de los bienes que conforman la dotación material de los entes públicos, y se trate del desarrollo de tareas inherentes al desempeño institucional.
Los amparados señalan que el recurrido incumplió los requisitos establecidos por ley para sancionarlos.
El objetivo principal del proyecto es que no se discrimine a pacientes con discapacidad en todo ámbito de salud.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El amparado considera vulnerado su derecho a la vida, la salud y su seguridad individual.
El máximo Tribunal brasileño adujo que la publicación se hizo intencionalmente, para atribuir al exdiputado una conducta gravísima (la práctica del prejuicio racial y social).
De forma de fortalecer la protección de los derechos y el respeto a la libre manifestación de las creencias.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Hernández, quien estuvo por acoger la reclamación deducida.
La entidad castrense recurrió a esta instancia con el fin de revertir la decisión del CPLT, que decidió debe darse publicidad a la información solicitada tarjando datos personales de contexto y sensibles contenidos en el mencionado documento. A fines de 2019 Oviedo presentó ante el mismo tribunal un reclamo de ilegalidad en contra del Consejo intentando dejarla sin efecto.
