El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el 24° Juzgado Civil de Santiago, que condenó  a Recreo Producciones SpA (The Fanlab) y Punto Ticket SA, a restituir el 100% del valor de entrada, a quienes no concurrieron al festival, y del 50%, para quienes que sí lo hicieron.

La Comisión de Salud aprobó, en general y particular, este beneficio específico que se otorgará por una única vez a las trabajadoras y los trabajadores de la salud privada, en reconocimiento a la labor desempeñada durante la pandemia por Covid-19 y en línea con lo ya vigente para el sector público.

En lo fundamental busca ampliar el plazo para La Ley del Mono a las instituciones deportivas y de salud, porque hay muchos centros que tienen paralizadas obras por no contar con la regularización.

El requirente alega que la aplicación del precepto en el caso concreto infringe su garantía a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

El máximo Tribunal estableció falta o abuso grave en la resolución recurrida, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la excepción de incompetencia absoluta del tribunal de primer grado.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución recurrida, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, que condenó al club al pago de 12.000 dólares, por concepto de bono o premio individual, más $1.026.469 por feriado legal y proporcional, y $756.679 por el pasaje de regreso a Colombia.

El requirente estima que la fijación del mínimo de la subasta resulta desproporcionada, vulnerando sus derechos de igualdad ante la ley y de propiedad.

El ministro en visita condenó al teniente de Carabineros, a la época de los hechos, Figueroa Nieto por su responsabilidad en la detención ilegal de las víctimas Juan Luis Díaz Cortez, Manuel Antonio Humaña Jiménez, Rubén Enrique Leal Riquelme, Renato Ariel Saravia Flores, Baldomero Osvaldo Salazar Salgado, René Esteban Díaz Cortez y Renato Santana Dubreuil.

La iniciativa busca establecer la prohibición de utilización por los responsables del registro o banco de datos, de proporcionar la información sobre deudas impagas hasta el 30 de abril de 2022.

El requirente alega que se extiende la persecución penal más allá de lo que la Constitución permite, vulnerando su derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso.