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Primera sala.

TC deberá pronunciarse si admite a trámite requerimiento de inaplicabilidad que impugna norma sobre la titularidad y plazos de la acción de filiación.

El requirente estima que la aplicación de la preceptiva impugnada se vulnera garantías constitucionales, en específico las de la igualdad ante la ley, además del artículo quinto de la Carta Fundamental, en relación al derecho a la identidad asegurado en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la medida que se restringe sólo a los casos del artículo 206 la posibilidad de demandar a los herederos.

19 de marzo de 2012
Gobiernos continúan obstruyendo defensa de derechos.

Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza situación de defensores de derechos humanos.

El informe se organiza en torno a cuatro tópicos, que incluyen un análisis de los obstáculos que observan estos profesionales, las garantías de independencia e imparcialidad de los operadores judiciales y su efecto, así como mecanismos de protección específica para quienes se desempeñan en el plano de la defensa jurídica de los derechos humanos.

19 de marzo de 2012
Secreto profesional.

Corte de Santiago acoge reclamo de ilegalidad contra decisión del CPLT que ordenó al Consejo de Defensa del Estado entregar información respecto de un juicio.

“El artículo 61 del D.F.L. 1 de Hacienda de 1993 que acorde con el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia debe entenderse como ley de quórum calificado. Esta norma señala que: “los profesionales y funcionarios que se desempeñan en el Consejo de Defensa del Estado cualquiera sea la naturaleza de su designación o contratación, estarán obligados a mantener reserva sobre los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionados con los procesos o asuntos en que intervenga el Servicio siéndoles aplicables las disposiciones del artículo 247 del Código Penal”.

19 de marzo de 2012
Primera sala.

TC deberá pronunciarse si admite a trámite requerimiento de inaplicabilidad que impugna norma sobre incompatibilidad entre las pensiones de AFP y aquellas contempladas en la Ley sobre accidentes del trabajo.

En su presentación, el juez requirente señala que la aplicación de la norma cuestionada podría vulnerar las garantías constitucionales de la parte demandante, en específico la de la igualdad ante la ley, en tanto se establece una diferencia de trato para quién percibe pensiones por accidentes del trabajo, en función de si se encuentra o no afiliado a una AFP.

19 de marzo de 2012
Aplicación del derecho internacional.

Corte de Temuco acoge acción de protección por violencia policial contra mujer y niños mapuches.

“deben actuar con estricta sujeción a los derechos y garantías de las persona, tanto de aquellas que son objeto del actuar policial por encontrarse perpetrando hechos ilícitos, cuanto –y con mayor razón- respecto de terceros ajenos a los hechos; obligación que resulta más perentoria si se trata de niños –además de etnia mapuche-, como acontece en la especie; especialmente si las actuaciones en contra de las mujeres aludidas se hicieron en presencia de sus hijos, con lo cual naturalmente se produce a éstos una afectación o daño de carácter psíquico”.

19 de marzo de 2012
Segunda sala.

TC deberá pronunciarse si admite a trámite requerimiento de inaplicabilidad que impugna normas del D.L. 2695, sobre regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz.

El actor estima que de aplicarse la preceptiva impugnada se vulneran sus garantías constitucionales, en específico las de la igualdad ante la ley, las del derecho de propiedad, toda vez que su inscripción se encontraría cancelada por el solo ministerio de la ley al amparo de dichas normas.

19 de marzo de 2012
Modifica Código Procesal Penal.

Cámara de Diputados aprueba iniciativa que obliga a encargados de instituciones públicas o privadas a denunciar abusos o maltratos de que sean víctimas los adultos mayores.

“denuncia obligatoria” la cual recae en aquellos encargados de organismos públicos o privados relacionadas con el cuidado y atención de personas adultas mayores, cuando “existiese cualquier sospecha razonable de abuso, maltrato o abandono cometido contra estas”.

16 de marzo de 2012
Páginade 3861