El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar presentada en contra de la decisión de cierre adoptada por el sostenedor, cuya tramitación se ve actualmente en la Secretaría Ministerial de Educación.
Al tomar su decisión, la Comisión valoró que el propuesto beneficiario se encontraría privado de libertad en la Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi (Cárcel de Latacunga), y estaría siendo objeto de intimidaciones, hostigamientos y amenazas dentro de dicho centro.
El ente contralor adujo que un cambio en el régimen estatutario no puede implicar un impedimento o merma para gozar del feriado, porque se trata de desempeños como empleados públicos para la Administración del Estado.
El proyecto fue presentado por los senadores Harboe, Goic, Huenchumilla, Quintana y Pugh.
La amparada considera vulnerado su derecho a la libertad individual.
El proyecto fue presentado por el Presidente de la República en el contexto de la crisis social.
Recurrente estimó vulnerada su libertad personal.
La Magistratura colombiana concluyó que no existían evidencias de que las acciones de tutela respondiesen al interés superior de los niños, y a interrogarse sobre si los niños fueron instrumentalizados por actores económicos para extraer recursos del sistema.
Recurrente estimó vulnerado su derecho de propiedad.
La Corte Suprema señaló que la autoridad recurrida actuó explicitando sus motivos y con pleno apego a la normativa legal.
