Controversia acerca del cumplimiento o incumplimiento o modificación de la relación contractual que liga a las partes con el establecimiento educacional es una materia de lato conocimiento.
Cancelación de la inscripción reclamada supondría sustraer esos bienes del patrimonio de un tercero sin oírlo.
Asegura que habrá mayor transparencia del financiamiento, de la rendición de cuentas a la ciudadanía, y también, del órgano de control que es el Servicio Electoral. Asimismo, una cancha pareja para las distintas opciones que se están promoviendo, es decir, que el dinero no va a ser lo más importante, para ganar una elección o el plebiscito.
La impugnación se funda sólo en una distinta valoración o apreciación de la prueba.
La instancia recibió a autoridades de las carteras de la Mujer y del Deporte, y a representantes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y de Blanco y Negro.
El máximo Tribunal descartó actuar arbitrario de la administradora al rechazar el retiro de fondos que, de acuerdo a la legislación vigente, tienen como único fin el pago de jubilaciones, hecho que, además, fue corroborado por la reciente ley que aprobó el retiro del 10% de dichos ahorros por la emergencia sanitaria.
La Constitución, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y el Reglamento de la Cámara Alta definen los plazos y procedimientos que se deben seguir.
El Tribunal acogió la acción deducida, tras establecer que el actuar de las demandadas vulneró los derechos fundamentales de la trabajadora.
El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario, desproporcionado y abusivo de la aseguradora al remitir insistentemente las misivas por la supuesta obligación.
El Tribunal ordenó al municipio pagar al demandante la suma de $10.000.000, por concepto de daño moral, entre otras medidas reparatorias.
