En días pasados, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados – en sesión especial – dio inicio a la discusión del proyecto de ley, iniciado por mensaje, que modifica las Leyes Orgánicas sobre Sistema de Inscripciones Electorales, Servicio Electoral, y la de Votaciones Populares y Escrutinios. (Véase relacionado)En lo fundamental, el proyecto intenta […]

«el diploma de Licenciado en Ciencias Jurídicas es el grado académico que, conforme con lo previsto en el artículo 63, letra a), del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, se requiere como condición previa para obtener el título profesional de Abogado -conferido por la Corte Suprema, según lo prescrito en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales-, razón por la cual no es posible considerarlo un título profesional”.

“arbitraria, por cuanto y aun cuando la autoridad administrativa puede adoptar medidas restrictivas de libertad de las personas respecto de quienes dispuso su expulsión, las mismas no pueden exceder del plazo de 24 horas”, más si no existe “ningún motivo para haberla dispuesto, sin que el mero decreto sea suficiente para ello”

no cabe sustentar un recurso como el de la especie en preceptos constitucionales o de tratados internacionales, por cuanto éstos “se limitan –al menos en las materias que aquí interesan- a establecer principios que luego son desarrollados en normas de inferior jerarquía como son las leyes, siendo éstas las susceptibles de ser analizadas por medio de la casación en el fondo”.

“se fundó en lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil, norma que se refiere al plazo de prescripción de las acciones ordinarias -el que corresponde a 5 años”, no obstante lo cual “el recurso no se extendió a la eventual infracción de la mencionada norma, la que reviste en el caso de autos la calidad de decisoria litis”.

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió la acción, más la Corte Suprema en alzada revocó el fallo.

«la norma establece un régimen que discrimina a las concesionarias de suministro de electricidad, por cuanto la obliga a asumir responsabilidad por el obrar de otros y es la única que así debe efectuarlo».

el gasto para el financiamiento del aporte, alcanza a los 200 millones de dólares, equivalentes al 25% de la reforma tributaria, que podrían ir destinados a “financiar políticas de educación”

«el precepto impugnado al limitar las indemnizaciones pecuniarias concediéndolas sólo cuando resulte acreditado el respectivo daño emergente o el lucro cesante, impide el íntegro resarcimiento del daño efectivamente ocasionado, por expresiones contrarias a su honra»

la condena del señor Kimel por el delito de calumnias no cumplió con los “requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, ya que éste sólo ejerció su libertad de expresión