La solidaridad pasiva prevista en el precepto legal impugnado opera como un mecanismo de afianzamiento de la responsabilidad personal del pago de la multa impuesta y no constituye una segunda sanción.
Es necesario recuperar los espacios del bien nacional de uso público que transitoriamente se autorizó utilizar, tanto para tránsito peatonal, como vehicular, no apreciándose que este tenga un carácter de arbitrario.
Lo expuesto por la recurrente debe ser analizado en un procedimiento de lato conocimiento.
Los procesos administrativos de calificación de invalidez no sólo deben ajustarse a la legalidad y, en especial, a las disposiciones del DL N°3.500, sino también estar dotados de la necesaria racionalidad exigible al actuar de la Administración.
El requirente sostiene que se le aplica una sanción injusta que no puede impugnar, vulnerándose sus garantías constitucionales.
La Ley N°21.325 establece que cualquier cambio en las categorías migratorias originado por ella, no afectará los derechos adquiridos por los ciudadanos extranjeros residentes en el país.
Las manifestaciones que se realizan en las redes sociales tienen un impacto y repercusión social muy importante, de modo que se debe desalentar la difusión de acusaciones sin contar con pruebas que sustenten la denuncia.
Infringe la garantía constitucional a un procedimiento racional y justo.
El enfoque de género es una herramienta de interpretación que hace factible identificar preconcepciones o generalizaciones con efectos discriminatorios que generan violencia contra las mujeres, situación que impide la efectividad de sus derechos.
Se busca flexibilizar los requisitos para acceder a las licencias de conducir que habilitan para el manejo de locomoción colectiva, con objeto de paliar la carencia de conductores.
