La requirente sostiene que la sanción-prohibición que automáticamente se impone afecta desproporcionadamente su patrimonio, actividad laboral y comercial, es injustificada, excesivamente gravosa y que no se le admite ningún tipo de defensa.

Ante la instancia, la secretaria de Estado respondió a los diversos cuestionamientos del grupo parlamentario sobre la polémica por el proyecto minero Dominga y la eventual demora en declarar una reserva natural en la zona.

La propuesta regiría para las declaraciones de candidaturas a consejero regional, diputado o senador, que hayan sido rechazadas por el Tricel por incumplir la obligación de acompañar la autorización al Director del Servel para abrir la cuenta bancaria a que alude el artículo 19 de la ley N° 19.884.

La organización sindical y sus dirigentes fueron sancionados con multas de 20 a 30 UTM.

El dictamen se pronunció sobre un asunto solicitado, sin dudas controvertido, por lo que no puede ser calificado de arbitrario, puesto que exhibe un fundamento plausible para su emisión y aclaración.

Los derechos de aprovechamiento de aguas establecidos, por el solo mérito de la ley, en favor de las faenas mineras deben ser halladas por su titular con ocasión de tales labores, lo cual no ocurrió en el caso.

La falta de cumplimiento del progenitor con deberes esenciales respecto de su hijo, vulnerando derechos humanos básicos de uno de los grupos más desprotegidos de la sociedad, importa además ejercer violencia de género de tipo económica en contra de la progenitora.

Las medidas cuestionadas integran una política pública para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

La autoridad respondió a las diversas consultas realizadas sobre la materia.

Aún con acuerdo de las partes de la relación laboral no es procedente su extensión.