El actor estima inconstitucional la aplicación a su respecto del apremio de arresto nocturno por el atraso en el pago de una cuota, a título de compensación económica, motivo por el cual solicito declarar inaplicable el citado precepto legal que, en su inciso segundo, asimila dicha cuota a los alimentos, “para el efecto de su cumplimiento”.

Se trata, prosigue el fallo, de una atribución de índole no jurisdiccional, condicionada a la aprobación del tribunal competente, previa verificación de los requisitos aludidos, y se agrega que el procedimiento abreviado es un procedimiento excepcional que no constituye, bajo ningún parámetro, un derecho del imputado, derecho que radica en la opción del juicio oral, público y contradictorio.

Se interpuso acción constitucional en contra de la Municipalidad de San Esteban y de la Contraloría General de la República. La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, reiterando que esta acción cautelar de derechos constitucionales no constituye una instancia de declaración de derechos

Corte Suprema desestimo tres recursos de casación en el fondo en contra de sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago que habían desestimado reclamos de ilegalidad interpuestos en contra de las Municipalidades de Macul y las Condes. La CS concluye que en estos tres casos, no se vulnera el principio de reserva legal.

El proyecto de ley entrega a este ministerio las atribuciones necesarias para coordinar el diseño, evaluación e implementación de los programas sociales a fin de evitar duplicidades y velar por la eficacia y eficiencia del uso de los fondos públicos.

(…)la ley hace responsable “a los Municipios, o al Fisco en su caso”, por los daños “que se causen por el mal estado de las vías o por la falta de señalización” y la referencia “a uno u otro organismo tiene que ver con quién sea el obligado” y, en el caso de la señalización, que incluye la de bloqueo de paso, es de “responsabilidad del Municipio, porque se trataba de una calle de la comuna, que no estaba entregada, en cuanto tal vía, al Ministerio de Obras Públicas”.

“No es posible tildar de ilegal la medida adoptada”, por cuanto “la privación de la función municipal que afectó a la recurrente derivó de una actuación cumplida por el alcalde de la Municipalidad en uso de normas legales expresas”, la que, en todo caso “se ciñó al procedimiento estatuido”.

(…)los “descuentos de sus emolumentos son excepcionales”, de forma tal “que todo aquel que no sea obligatorio, tales como impuestos, cotizaciones y aquellos establecidos expresamente por ley, son voluntarios, lo que significa que deben contar con una autorización expresa del funcionario respectivo y quedan sujetos al límite del 15% de la remuneración”.

No se está en presencia “de un derecho indubitado”, pues no resulta posible “establecer como hecho de la causa la existencia del proyecto ya referido”, que constituye el supuesto que le permitiría “exigir que se le proporcione la información que alega omitida, más si se considera que el recurrido señala que ese proyecto no existe”.

(…)tal reciprocidad muchas veces implica establecer eventuales limitaciones y barreras a ciertos operadores aéreos extranjeros, lo que trae “consigo menor competividad para las empresas que quieran operar en Chile, menor apertura del mercado hacia empresas extranjeras y, por consiguiente, mayores precios”.