El actor estima que de aplicarse la preceptiva impugnada se vulneran sus garantías constitucionales, en específico las de la igualdad ante la ley, las del derecho de propiedad, toda vez que su inscripción se encontraría cancelada por el solo ministerio de la ley al amparo de dichas normas.

“denuncia obligatoria” la cual recae en aquellos encargados de organismos públicos o privados relacionadas con el cuidado y atención de personas adultas mayores, cuando “existiese cualquier sospecha razonable de abuso, maltrato o abandono cometido contra estas”.

todas las situaciones presentadas a partir del 30 de julio del año 2010 deberán adecuarse a las normas de la Ley N°20.499 en el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de esta ley.

“hay una profunda hipocresía de la clase política chilena, porque aquellos que voten en contra de la idea de legislar, estarán negando el derecho de que los chilenos puedan presenciar un debate sobre este tema de gran interés público y ciudadano”

es obligación del fiscal o en su ausencia su abogado asistente, asistir a la primera audiencia judicial del detenido ante el juez de garantía, de no concurrir alguno de ellos, provocará la libertad inmediata del imputado, impidiendo que se realice una nueva audiencia para fijar los plazos de la investigación o solicitar la medidas que concede el texto legal.

es necesario fortalecer al Consejo Regional, otorgándole “capacidad de participación, normativa y fiscalización”

El actor estima que de aplicarse la preceptiva impugnada se violan la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, el derecho a la igual protección en el ejercicio de los derechos y las garantías del derecho de propiedad, al permitirse un quebrantamiento de la normativa sobre administración del convenio concursal y al desconocerse la prelación de créditos.

El tribunal requirente estimaba que la aplicación del precepto impugnado afecta las garantías constitucionales de las partes de la gestión, en específico la de la igualdad ante la ley, al establecer cargas probatorias más gravosas para los matrimonios contraídos con posterioridad a la vigencia de la precitada ley.

debe considerarse que como lo ha señalado reiteradamente esta Magistratura, la acción de inaplicabilidad dice relación con el examen concreto de si un determinado precepto legal invocado en una gestión judicial pendiente y correctamente interpretado producirá efectos o resultados contrarios a la Constitución. Así, explicitando este punto, se ha fallado que “la decisión jurisdiccional de esta Magistratura ha de recaer en la conformidad o contrariedad con la Constitución que la aplicación del precepto impugnado pueda tener en un caso concreto y no necesariamente en su contradicción abstracta y universal con la preceptiva constitucional” (sentencias Roles Nº 718 y 1466, entre otras).

“Sebastián Piñera estuvo de acuerdo con la modificación del actual sistema electoral, la mayoría de los parlamentarios también lo están al igual que gran parte del país».