El Tribunal de alzada descartó yerro en la sentencia impugnada, dictada el Vigesimotercer Juzgado Civil de Santiago, que confirmó la resolución sancionatoria adoptada por el Instituto de Salud Pública (ISP).
A través de una resolución, las y los diputados solicitaron además que el gobierno tome acciones para el desbaratamiento del crimen organizado.
La propuesta, en trámite en la Comisión de Hacienda, será votada este martes 13 de septiembre por la instancia y analizada por la Sala de la Cámara el miércoles 14.
La iniciativa que aprobó la Cámara establece una autorización de media jornada. El texto volvió a la Comisión de Gobierno Interior, para su estudio en particular.
El requirente alega que se le aplica un tributo injusto que le impide desarrollar su actividad económica.
Para determinar la existencia del contrato aéreo y de los eventuales incumplimientos se requiere de un juicio de lato conocimiento, de manera que, en la especie no se puede hablar de derechos indubitados y, por tanto, no se cumple con los presupuestos de procedencia de la acción de protección.
Al no haberse declarado la responsabilidad penal por uso malicioso de la declaración de extravío de la licencia, la sanción impuesta por el departamento municipal carece de eficacia, y además vulnera las reglas del debido proceso.
Al acreditarse el deber de mantención de los bienes de uso público por parte del municipio y el mal estado de la acera, no hace falta averiguar las razones de ese problema para determinar la falta de servicio, puesto que esa responsabilidad es de carácter objetivo.
El requirente estima que el precepto ha posibilitado delegar facultades jurisdiccionales, contraviniendo abiertamente la Constitución.
El tribunal no tuvo por acreditados los hechos expuestos por el recurrente, y advirtió que, en versión de los recolectores de basura, el retiro de los contenedores se realizó por solicitud de una de las propietarias.
