El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario del CPLT, al ordenar la entrega de los correos solicitados, los que no están afectos a causal de reserva.
La regulación, tiene como objetivo regular la facultad otorgada a los padres, madres y tutores legales de niños, niñas y adolescentes diagnosticados con trastorno del espectro autista, para salir del lugar en el que ejercen funciones y concurrir a las emergencias que se puedan registrar en los establecimientos educacionales donde cursen sus hijos la enseñanza parvularia, básica o media.
El Tribunal estableció que se encuentra justificado en auto despido de la denunciante.
El Tribunal de alzada estableció que en esta etapa procesal, se cumplen los requisitos para desaforar a la parlamentaria y hacer lugar a la formación de causa en su contra al estar presente el elemento subjetivo indispensable para configurar el delito atribuido: el animus injuriandi.
Según se indicó, la medida flexibiliza una serie de normas, lo que permitirá el ingreso para este año 2023 de 382 carabineros adicionales.
Los requirentes alegan que la aplicación de estos preceptos atenta contra la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva de los derechos, el derecho a la acción contra actos Administrativos entre otras garantías constitucionales.
La resolución, cuya revocación se pretende a través del recurso fue dictada por un tribunal competente, con fundamentos suficientes para ello, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 inciso segundo del Código Procesal Penal.
El requirente no acompañó ningún documento que hiciera suponer la participación del connacional en el delito acusado, cometido en la capital de la nación guaraní en septiembre de 2020, incumpliendo de esta manera la letra c) del artículo 449 del Código Procesal Penal.
No existe ninguna resolución judicial que permita concluir que el demandante sea autor de episodios de violencia de género o doméstica, ni autor de delitos de abusos sexuales en la persona de su hijo.
El requirente alega que la falta de efecto suspensivo de estos incidentes atenta contra su garantía a un justo y racional procedimiento, a la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.
