Si la convivencia ha tenido que cesar por la existencia de violencia de género y si se cumple el resto de los requisitos, esa ausencia de convivencia no puede ser un obstáculo infranqueable para que la mujer víctima de esa violencia pueda acceder a la pensión de viudez de parejas de hecho, resuelve Tribunal Supremo de España.

Producto del crecimiento del crimen organizado se han llevado a cabo una mayor cantidad de los llamados “narco-funerales” en los que se suele hacer uso de armas de fuego, disparar reiteradamente y, con ello, causar revuelo en los demás, a fin de infundir una sensación de temor en la población en general.

La ocupante utilizaba la sede como bodega de su local comercial ubicado a continuación de dicho inmueble, restringiendo el ingreso de las madres e impidiendo el normal desarrollo de las actividades organizadas por la agrupación.

No concurre ninguna circunstancia excepcional transitoria que justificara la demora. El retraso neto de unos 35 meses es un retraso irrazonable contrario a la Carta. El juez de primera instancia se equivocó al concluir que la demora estaba justificada sobre la base de la confianza razonable de las partes en la ley tal como existía anteriormente.

Si una prueba es débil, el grado de confirmación (o probabilidad) que atribuye a la hipótesis, no puede estimarse alto, por más fundada que esté la regla que conecta la prueba con la hipótesis.

Si bien los comerciantes del Estado vendieron los respiradores, quizás de manera negligente o imprudente, los demandantes no han ofrecido ninguna razón para pensar que la responsabilidad de los comerciantes es algo más que un derivado de la responsabilidad de las empresas.

Busca reconocer el agua como un derecho humano fundamental y el dominio absoluto del Estado sobre las aguas continentales, a fin de protegerla y asegurar a todas las personas su acceso en cantidad suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

Cada municipalidad, a través del secretario municipal respectivo, adoptará las medidas necesarias, incluida la designación del personal municipal habilitado como ministros de fe, para la implementación de los dispositivos administrativos necesarios para cumplir satisfactoriamente esta labor.

El acusado y otros detenidos formaban parte de una agrupación dedicada al tráfico de estupefacientes, y pese a no ser incluido inicialmente en la acusación, el Ministerio Público enmendó dicho error, lo cual no infringe las garantías procesales del acusado, ya que su defensa en todo momento tuvo acceso a la investigación para preparar el juicio oral.

El Estado ha dado cumplimiento total al pago de las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de “daño moral, daño inmaterial y lucro cesante”, así como al reintegro de gastos a favor de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).