Entre los puntos centrales de la iniciativa, se establece la creación de un canal de denuncia centralizado, soportado a través de una plataforma electrónica, a cargo de la Contraloría General de la República; y se disponen normas para la debida reserva de la identidad del denunciante.
Su desvinculación opera de pleno derecho como lo prevé el Estatuto Docente.
El fallo señala que ha quedado corroborado que, por error u omisión, el médico condenado no describió las anomalías sufridas durante la práctica en el protocolo anestésico primigenio, lo que sí realizó en anotación posterior.
Máxime si dicha actuación no depende de la pura voluntad del acreedor, desde que queda supeditada su realización a los vaivenes del acto procesal del receptor y la no siempre fácil ubicación del deudor.
Aquella organización representa ante los consumidores la calidad de «proveedor». Lo contrario permitiría que aquel se aprovechase de la buena fe o de su propia negligencia, al utilizar como excusa para eludir su responsabilidad legal, la circunstancia de carecer de personalidad jurídica.
La Sala del Senado aprobó en general y en particular la iniciativa que fue originada en una moción y que quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputados.
El máximo ordenó al centro de salud pagar por concepto de daño moral $10.000.000 al padre y $30.000.000 a la madre del joven privado de un tratamiento que le diera oportunidad o chance de sobrevivir.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario del organismo contralor al desestimar la reconsideración elevada por las funcionarias que se embarazaron mientras cumplían labores de suplencia en el centro asistencial.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la empresa demandada Estructuras Arquetipo Limitada contra la sentencia dictada el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
Se condenó a Francia a indemnizar patrimonial y extrapatrimonialmente a las víctimas, así como a pagar las costas.
