La resolución no pone término al procedimiento ni hace imposible su continuación, toda vez que éste prosigue respecto de uno de los tres demandados.
La CIDH consideró que el Estado de Argentina es responsable por la violación de la garantía del plazo razonable consagrada en el artículo 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
David Boyd, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, informó la resolución y destacó que «el futuro del mundo parece un poco más brillante hoy. Las Naciones Unidas, en un desarrollo histórico, ha reconocido por primera vez que todos, en todas partes, tienen el derecho humano a vivir en un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible”.
Según el ente persecutor, los imputados integran una red internacional dedicada al tráfico ilegal de migrantes venezolanos, a quienes cobraban sumas que fluctuaba entre los 450 y 700 dólares, para ingresarlos al territorio chileno por pasos no habilitados, tras un viaje que los traía desde su país natal, pasando por Colombia, Ecuador y Perú, hasta la frontera chilena.
El magistrado consideró que las conductas imputadas a González Jure y Villalobos Krumm son de la máxima gravedad y atentan contra la fe pública, al haber sustraído o permitido que otros funcionarios públicos sustrajeran anualmente, bajo el periodo en que ejercieron la dirección general de Carabineros, respectivamente, fondos públicos destinados a las unidades de inteligencia y de investigación criminal y drogas.
El precepto legal impugnado fue derogado en virtud de la Ley Nº 21.121, publicada en noviembre de 2018.
La recurrida actuó de manera caprichosa al revivir y forzar un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno, en circunstancias en que ella no ejerció acción alguna respecto de esta deuda en más de 30 años.
La acción no resulta ser la vía idónea al efecto, pues se refiere a medidas disciplinarias propias de las atribuciones del Tribunal Constitucional respecto de los integrantes de dicho órgano.
Si bien las consideraciones de orden administrativo y económico importan en la decisión de la autoridad, éstas no pueden prevalecer cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad de una persona.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
