El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Arica, que ordenó dejar sin efecto la inscripción de la propiedad y dio a la parte demandada plazo de 60 días para proceder a su restitución o hacer uso de la opción de completar el justo precio.

El Tribual de alzada acogió la acción constitucional y ordenó a la recurrida abstenerse en lo sucesivo de hacer publicaciones agraviantes como las que motivaron el recurso.

La magistrada hizo lugar a la acción judicial, tras establecer la responsabilidad por falta de servicio de la demandada, por lo que ordenó pagar por concepto de daño moral, la suma total de $90.000.000 al matrimonio.

El máximo tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de la aseguradora al denegar la cobertura por no haber declarado la contraparte la patología como preexistencia.

En los casos sancionatorios, se han presentado Programas de Cumplimiento -que buscan que la inversión de los infractores se centre en cumplir con la normativa ambiental- por más de $340 millones.

En paralelo a esta acción, la abogada Daniela Awad, que representa a cerca de 400 alumnos de la casa de estudios, presentó una querella por el delito de prevaricación de abogado.

El texto, que responde a un mensaje y a la moción presentada por senadoras, avanza con más herramientas para la búsqueda de patrimonio del deudor y que no dependa únicamente de la información que tenga el alimentario/a.

El requirente sostiene que se le aplica de plano una sanción desproporcionada, vulnerando sus garantías constitucionales.

El hecho que sea Lord Cochrane y Merino Castro los dos únicos jefes supremos de la institución que son homenajeados con estatuas de cuerpo entero en recintos institucionales, deja de manifiesto que se trata de una adhesión política al rol jugado por Merino, no un reconocimiento a su calidad de ex comandante en jefe.

El artículo 23 del Decreto Ley N°3.063 establece que toda actividad comercial está sujeta a una contribución de patente municipal, es decir, para ejercer una actividad comercial en dicho inmueble, el recurrente debió contar con dicha patente.